BUENOS AIRES, 19 ago (Xinhua) -- El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, aseguró hoy que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández no aplicará la Ley Antiterrorista a la empresa gráfica norteamericana Donnelley, que fue declarada en quiebra a su solicitud y despidió a 400 empleados.
"La denuncia a Donelley tiene que ver con la ley de delitos económicos", afirmó Vanoli pese a que el pasado 15 de agosto la presidenta Fernández, en cadena nacional refiriéndose taxativamente a Donnelley afirmó: "Será el primer caso de aplicación de la ley Antiterrorista".
Vanoli explicó a la radio local que contra la empresa gráfica quebrada "se hizo una denuncia en el juzgado del (juez Daniel) Rafecas por la presunta quiebra fraudulenta".
Precisó que la presentación "no tiene que ver con la ley de financiamiento del terrorismo, (porque la que funda la denuncia) es una ley que penaliza los delitos de guante blanco" y, enfatizó en que "no hay ningún tipo de cuestión contra los trabajadores ni la protesta social".
Detalló después que "en este caso se va a aplicar la ley de delitos económicos 26.733", precisó que "la Ley Antiterrorista es la 26.734" y sostuvo que "hubo una confusión de algunos porque cuando se habla de terrorismo se habla de terrorismo económico, en este caso la ley según la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos al estudiar la presentación judicial) ha admitido es la de esta ley y no la del financiamiento del terrorismo".
No obstante, Alejandro Vanoli reiteró que se hará la "presentación ante la SEC (Security Exchange Comission) porque (Donnelley) es una empresa de EEUU y es necesario que se la investigue" en aquel país en el que la SEC "es una entidad muy celosa de todo lo que tiene que ver con los fraudes empresariales" y, "es importante que se investigue y se persiga en la Justicia este tipo de situaciones".
La semana última, luego que la justicia declarara la situación de quiebra en Donnelley y la firma dejara sin trabajo a poco más de 400 trabajadores, la presidenta Fernández anunció que denunció penalmente a la imprenta estadounidense Donnelley, por infringir la Ley Antiterrorista y acusó a esa empresa de provocar un "falso estado de quiebra para generar temor".
Donnelley cerró el lunes 11 de agosto su planta de Garín, unos 35 kilómetros al norte de aquí, después que la justicia hiciera lugr a un pedido de quiebra y luego de despedir a poco más de 400 empleados que inmediatamente ocuparon la sede de la compañía en defensa de sus puestos de trabajo.
En aquel momento la mandataria aseguró que la solicitud de quiebra fue parte de "una maniobra" urdida por Donnelley para generar "un clima de temor" social porque "la quiebra la pidió el viernes 8 de agosto" y le fue aprobada tres días más tarde por lo que sostuvo que se trató de "una quiebra exprés (porque) hasta (el juez federal estadounidense) Thomas Griesa es más lento".