Un 65 por ciento de la población venezolana considera certera y positiva la lucha emprendida por el gobierno nacional y el presidente Nicolás Maduro para erradicar el contrabando de alimentos hacia Colombia.
Así lo informó este domingo, el periodista venezolano José Vicente Rangel, al citar durante su programa dominical, un reciente sondeo de la encuestadora Hinterlaces, aplicado a 1.200 personas, desde el día 9 de septiembre hasta el 14 del referido mes.
El estudio arrojó que mientras esta mayoría apoya las medidas anti-extractivas, un 31 por ciento considera que no se están alcanzando resultados concretos desde las acciones del gobierno.
Asimismo, un 60 por ciento de los consultados opina que el jefe de Estado enfrenta de manera óptima a los sectores especuladores que desigualan la balanza económica, y el 37 por ciento estima lo contrario.
Sin embargo, un 78 por ciento de la población está de acuerdo con la estabilidad en los precios de los alimentos.
Otro estudio desarrollado por Hinterlaces refleja que el 56 por ciento de la población venezolana aprueba la implementación del Sistema Biométrico, mecanismo destinado a garantizar el abastecimiento de productos en todo el territorio nacional, así como la justa distribución de rubros estratégicos.
Por su parte, el 42 por ciento de los interrogados no avala esta medida establecida por el Ejecutivo, y estima que no repercutirá en el acceso a los productos por parte de la población.
En relación al tema del ajuste al precio de la gasolina, un 81 por ciento de la población aboga por utilizar los excedentes de la venta del combustible en obras de inversión social como escuelas y viviendas, mientras que un 13 por ciento considera que estos recaudos deben ser distribuidos a la población.
En otro orden de ideas, la autoridad única nacional en Trámites y Permisología, Dante Rivas, quien fue entrevistado por el periodista Rangel, se refirió a las gestiones que actualmente se emprenden desde esta instancia para descongestionar los procesos de trámites públicos.
Rivas destacó la importancia de eliminar requisitos que, a su criterio, forman parte de la "cultura burguesa del Estado", y que imposibilitan a la población acceder a sus documentos.
En este sentido, rechazó que ante cualquier solicitud que realice la ciudadanía se pida "la fotocopia del rif, copia de cédula, constancia de residencia; no tiene sentido", apuntó.
Aseguró la autoridad única que en un período aproximado de dos años se logrará simplificar todos estos trámites, con la creación de una Plataforma Única de Gestión que se encargará de atender y dar respuesta rápida a los 4.500 procesos abiertos actualmente.