Partido opositor chileno critica arresto domiciliario de líder Novoa

Actualizado a las 11/07/2015 - 10:26

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Por Omar Mendoza

SANTIAGO, 10 jul (Xinhua) -- La derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido más grande de Chile, no parece tener límites para defender a su histórico dirigente, Jovino Novoa, quien cumple arresto domiciliario indefinido, acusado de evadir el pago de impuestos.

El diputado de UDI, José Manuel Edwards, afirmó hoy que Novoa es el "primer preso político de la presidenta Michelle Bachelet".

Comentó que, a su parecer, Novoa es el precio que exige la izquierda.

"Está juzgado más por lo que representa, que por méritos de su causa. Su arresto domiciliario es exagerado".

Desde el retorno a la democracia en Chile en 1990, la detención y juicio contra el ex senador ha sido el mayor golpe político para la UDI, que colaboró con el régimen militar de Augusto Pinochet.

En las últimas encuestas, su adhesión popular cayó penosamente.

Novoa ha sido presentado en dos ocasiones ante un juez de Santiago y contra él se dictó el "arresto domiciliario total," porque "representa un peligro para la sociedad" y se le aplicó la prohibición de salir del país.

En la última audiencia, Novoa devolvió 15 millones de pesos (unos 29.000 dólares), con lo cual admitió su culpabilidad de evadir el pago de impuestos con su empresa, la cual a su vez recolectaba dinero para candidatos UDI.

Otros personeros de la UDI han acusado a la Fiscalía y al gobierno de Chile de emprender una "persecución política contra Novoa", sin presentar pruebas.

"Novoa es víctima de una persecución política. Ha habido un ensañamiento contra la figura de Jovino Novoa", dijo el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, quien también comparó el trato dado a este caso de Novoa con las investigaciones que involucran a dirigentes de la oficialista Nueva Mayoría.

El ex senador y líder de la UDI, quien fue viceministro durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), es investigado por el envío de facturas falsas desde su empresa con el fin de burlar el pago de impuestos, con la complicidad de varias empresas.

Según los antecedentes, él solicitaba a terceros el envío de comprobantes al Grupo Empresarial y a la compañía SQM, las cuales entregaban dinero ilegalmente a Novoa para financiar campañas políticas de los candidatos de la derecha al Congreso.

Los comprobantes eran falsos porque no estaban respaldados por trabajos realizados.

En Chile, el Sistema de Impuestos Internos permite que las empresas presenten boletas o facturas (comprobantes) por trabajos realizados por personas o empresas asociadas, con el fin de que puedan recuperar parte del dinero que invierten en esas tareas.

En el fondo, la empresa de Novoa defraudaba al Estado.

Novoa y otros líderes de la UDI utilizaron ese mecanismo para conseguir financiamiento de manera ilegal para las campañas electorales de sus candidatos a senadores o diputados en los pasados comicios de 2013, pero se estima que era un mecanismo usado también en otras elecciones.

Un mecanismo similar usaron también los candidatos de la oficialista Nueva Mayoría, en un caso que es investigado por la Fiscalía.

Ese fraude al fisco generó una crisis política y una notable desconfianza de la ciudadanía, lo cual se refleja en los sondeos de opinión, donde desde el gobierno hasta la mayoría de los partidos políticos y legisladores son castigados con una baja aprobación ciudadana.

La UDI denunció este viernes una "discriminación, desigualdad en el trato y mano dura" contra sus militantes, pero en especial hacia uno de sus más influyentes personeros, Jovino Novoa.

Según Hernán Larraín, presidente de la UDI, "existen diferencias muy marcadas en las investigaciones por malas prácticas en el financiamiento electoral", al criticar que sólo dirigentes de la derecha han sido acusados y están con arresto domiciliario, mientras los partidos de gobierno no han sido llamados a declarar.

Larraín señaló que mientras los procesos judiciales contra representantes de la oposición avanzan con mucha rapidez, la investigación de otros casos del oficialismo "se posterga sin dificultades".

En su declaración pública, la UDI enumeró siete situaciones que configuran "hechos gravemente anómalos" y describe, según el partido, una "desigualdad y discriminación" en contra de sus militantes.

Larraín sostuvo que su partido no valida las malas prácticas de nadie", sino pretenden que "sólo que se haga justicia, pero la misma para todos por igual".

Con vistas a detener la crisis política, el gobierno chileno envió al Congreso un proyecto de ley para una Agenda de Probidad, con medidas anticorrupción que deberán cumplir funcionarios del Estado, legisladores y líderes de los partidos, junto a otras medidas para evitar la estrecha relación entre la política y el dinero.