BRASILIA, 3 ago (Xinhua) -- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó en la noche del lunes la transferencia del exministro jefe de gabinete José Dirceu desde Brasilia a la sede de la Policía Federal en Curitiba, para ser interrogado por el juez Sergio Moro, quien determinó su prisión esta mañana.
Dirceu, principal colaborador del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) en su primer mandato presidencial, cumplía arresto domiciliario en su residencia en la capital por haber sido condenado en el juicio del Mensalao por un esquema de compra de votos en el Congreso.
El cambio del lugar de prisión fue autorizado por el magistrado Luiz Roberto Barroso, responsable de las ejecuciones penales del juicio del Mensalao.
La Policía Federal, a instancias del juez Moro, detuvo a Dirceu esta mañana para determinar si los servicios de consultoría que prestó para empresas privadas proveedoras de Petrobras eran una fachada para desviar dinero de la petrolera.
Moro ordenó también el bloqueo preventivo de hasta 20 millones de reales de las cuentas de Dirceu y de otros siete investigados en la 17ª fase de la Operación Lava Jato (Lavadero), que indaga las irregularidades en Petrobras.
Según la Policía Federal brasileña y el Ministerio Público Federal, Dirceu fue el creador y beneficiario de un esquema de corrupción en la petrolera estatal.
El hermano de Dirceu, además, fue detenido en la ciudad de Ribeirao Preto, interior de Sao Paulo, y señalado por los investigadores como testaferro del exministro.
El abogado del exministro, Roberto Podval, afirmó que Dirceu es un "chivo expiatorio" de la Operación Lava Jato y que su prisión tiene una "justificación política".
"Ya vimos algunos operadores, todos con millones y millones de dólares en el exterior, ya hablaron, confesaron, entregaron las cuentas y el dinero. Nadie habla de una sola cuenta, de un solo movimiento de Zé Dirceu en el exterior. No hablan porque no hay", enfatizó.
El juez Moro afirmó que Dirceu continuaba recibiendo dinero de coimas en contratos de Petrobras incluso después de haber dejado su cargo en el gobierno en 2005.
Un gigantesco esquema de corrupción, que alcanzaría varios miles de millones de dólares, involucra a directivos de la petrolera estatal y de empresas proveedoras, así como todas las grandes constructoras brasileñas.
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