MEXICO, 5 sep (Xinhua) -- La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México decomisó 35.000 litros de hidrocarburo y un inmueble en el municipio de Villñagrán, estado de Guanajuato (centro), informó hoy la entidad.
El decomiso del hidrocarburo se realizó en un domicilio ubicado en el ejido de Suchitán, en Villagrán.
Las autoridades encontraron una cisterna de 2,76 metros de ancho, por 2,82 metros de largo con hidrocarburo; una cisterna en el piso de unos 1,22 metros de ancho por 1,36 metros de largo con hidrocarburo, para un total de 35.000 litros de combustible.
En la boca de una de las cisternas encontraron tres mangueras de alta presión para la extracción del combustible.
También se confiscó un vehículo "pick-up", al parecer utilizado para la transportación del combustible.
Elementos federales ejecutaron la operación en sincronía con personal de la Agencia de Investigación Criminal (IAC) de Servicios Periciales de la fiscalía, de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, Policía Municipal y de Protección Civil del municipio de Salamanca, Guanajuato.
En la última semana de agosto, la PGR también reportó el decomiso de 10.000 litros de gasolinas en el municipio de Tezoyuca, estado de México (centro).
El robo de combustibles está valorado en 15.300 millones de pesos (poco menos de un millón de dólares) al año, en tomas que se ubican en los estados de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Jalisco y estado de México, además del Distrito Federal.
Para detener el robo de combustibles en los ductos, Petróleos Mexicanos optó por la transportación de gasolinas y diésel sin terminar al 100 por ciento su proceso, por lo tanto anunció que el uso del hidrocarburo robado puede dañar el motor de los vehículos.
Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en 2011 se detectaron 1.361 tomas clandestinas, cifra que en 2014 se disparó a 3.198.
En seis años, el número de tomas clandestinas asciende a más de 9.000.
El Senado de México aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos cometidos en materia de hidrocarburos que cataloga el robo de gasolina y diésel como delincuencia organizada, con penas que alcanzan los 35 años de prisión y multas acordes al daño patrimonial.
Las sanciones se aplican a todos aquellos que participen en la extracción y la venta ilegal de petrolíferos, incluidos servidores públicos.