SANTIAGO, 6 nov (Xinhua) -- La presidenta chilena Michelle Bachelet anunció hoy que promulgará la ley que castiga con la pérdida del cargo a los parlamentarios, alcaldes y concejales que infrinjan la ley electoral.
Esta medida forma parte de la agenda de probidad y transparencia del gobierno, dirigida a combatir la corrupción política, la cual fue establecida a principios de año tras conocerse que numerosos políticos usaron documentos falsos para justificar el dinero recibido de varias empresas.
Durante la presentación del Observatorio Anticorrupción, creado por el centro de estudios Espacio Público y la Organización Ciudadano Inteligente, Bachelet explicó que con la nueva ley su gobierno cumple el compromiso de concretar las medidas recomendadas por la Comisión de Probidad y Anticorrupción, creada por el gobierno a principios de año.
Según la mandataria, la nueva ley será una "tarjeta roja" para la corrupción y recalcó que la voluntad del gobierno es clara en esta materia.
La jefa de Estado pidió la colaboración del Congreso Nacional para avanzar en las medidas que aún están pendientes en la agenda de Probidad y Anticorrupción, al afirmar que el gobierno no se detendrá hasta completar su total implementación.
De igual forma instó a todos chilenos a participar en el debate y utilizar las herramientas dispuestas por el gobierno.
Bachelet presidió este viernes el lanzamiento del Observatorio Anticorrupción, organismo cuyo propósito es dar a conocer el trabajo del gobierno y el Congreso en esa materia, como parte de la agenda de probidad y transparencia que se discute en el Congreso y que ya cuenta con varias iniciativas despachadas.
Admitió que "no es fácil erradicar conductas inaceptables", al comentar el cambio que significa para la sociedad, sobre todo las elites políticas y empresariales, contar con una robusta política anticorrupción para evitar que se comentan delitos tributarios y el financiamiento de campañas electorales al margen de la ley.
"Sin duda, la coyuntura que ha conducido este proceso ha sido compleja porque no se trata sólo de un asunto legal, sino de comportamientos y ética. No es fácil erradicar conductas inaceptables (...) son muchas las tareas que es necesario emprender, específicamente respecto del funcionamiento político y empresarial".
La instancia estará a cargo del centro de estudios Espacio Público y la Fundación Ciudadano Inteligente, que difundirán el contenido de los proyectos.