La justicia brasileña concedió hoy el beneficio de libertad condicional a un empresario venezolano preso en Brasil por miedo a que no tenga derecho a un juicio imparcial en su país en caso de una probable extradición, informaron fuentes judiciales.
Según una sentencia del Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte brasileña, el empresario venezolano George Owen Kew Prince, detenido el mes pasado a pedido de la justicia de Venezuela, que lo acusa de evasión de divisas, podrá abandonar la prisión y cumplir la detención en su residencia en Brasil, en donde será vigilado con la ayuda de una tobillera electrónica.
"La necesidad e importancia de la cooperación penal internacional cede, y siempre debe ceder, a la necesidad de protección de los derechos más básicos de la persona humana, entre los cuales el derecho a ser juzgado, en el Estado solicitante (de la extradición), por un juez exento e imparcial, y bajo el escudo del debido proceso legal", justificó el juez Edson Fachin, instructor del proceso.
Kew Prince le pidió a la justicia brasileña revocar la orden de extradición argumentando de que corre riesgo de que sus derechos sean violados en Venezuela y que no sea sometido a un proceso legal.
Aunque la ley brasileña establece que las personas solicitadas en extradición tienen que permanecer presas, "los magistrados consideraron que existen circunstancias excepcionales que autorizan la medida (prisión domiciliaria)", según la nota divulgada.
Como argumento, el magistrado "destacó que considera grave la decisión de Venezuela de renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos en 2012, lo que, en su opinión, indica un retroceso en el trato de asuntos básicos de los derechos de los ciudadanos".
El empresario, localizado por la Policía brasileña en el estado de Sao Paulo tras recibir una alerta de la Interpol, fue acusado de evasión de divisas y asociación para delinquir en su país.
Kew Prince, dueño de una empresa de tecnología, realizó en 2013 una importación de equipos médicos y en el formulario declaró haber adquirido productos por 25 millones de dólares, pese a que los mismos supuestamente no valían más de un millón de dólares.
La justicia venezolana acusa al empresario de haber huido a Brasil pero sus abogados alegan que el ejecutivo reside en territorio brasileño con su mujer y sus dos hijos, y que trabaja como representante en el país de una multinacional inglesa.