BRASILIA, 8 dic (Xinhua) -- La lista opositora para componer la Comisión Especial que analizará el pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff ganó hoy la votación en el plenario de la Cámara de Diputados, lo cual garantiza una mayoría para quienes apoyan su salida.
En una polémica votación secreta cuestionada ante el Supremo Tribunal Federal por las fuerzas de la base aliada al gobierno, la oposición y sectores disidentes vencieron con 272 votos, contra 199 votos que apoyaron la lista oficial.
Con ese resultado, 39 de los 65 miembros de la Comisión Especial deben ser partidarios de dar continuidad al proceso de juicio político.
La votación fue precedida por tumultos, enfrentamientos físicos entre legisladores y acusaciones por parte de oficialistas, quienes denunciaron la violación de principios constitucionales.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados alegaron que la votación no debió ser secreta, como determinó el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
También alegaron que la lista opositora no fue conformada por indicación de los líderes partidarios, tal como establece la legislación brasileña.
El PT y las fuerzas aliadas presentaron un recurso ante el STF para cuestionar la legalidad del proceso.
La sesión de esta tarde, además, resultó en la postergación por cuarta vez de la reunión del Consejo de Ética que debe juzgar el proceso que puede resultar en la pérdida del mandato del propio Cunha, acusado de corrupción.
El oficialismo intentó impedir que los legisladores votaran antes de que el STF se pronunciara sobre el punto, pero el presidente de la Cámara de Diputados ordenó iniciar la votación.
La Comisión Especial deberá dar oportunidad de defensa al gobierno de Brasil, tras lo cual presentará un parecer que será sometido al pleno de la cámara baja, donde serán necesarios los votos favorables de 342 de los 513 diputados.
En caso de que el proceso de juicio político sea abierto formalmente por decisión del cuerpo, la presidenta deberá dejar el cargo por 180 días, en tanto el proceso sigue para ser tratado por el Senado.
La apertura del proceso de juicio político fue autorizado el pasado miércoles por el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha.
El pedido fue presentado por dos juristas en octubre último por considerar que el gobierno incurrió en maniobras fiscales sin base legal en 2014, e incluyó copia de decretos presidenciales firmados por Rousseff este año que, de acuerdo con los abogados querellantes, reinciden en prácticas contables irregulares.