Bolivia enfenta crisis judicial permanente desde época colonial

Actualizado a las 04/01/2016 - 08:45

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Bolivia enfenta una crisis judicial permanente desde la época de la colonia hasta la actualidad, al no poder consolidar una administración de justicia creíble, independiente y eficiente, evaluó la ministra de Justicia Virginia Velasco.

La funcionaria admitió en entrevista para Xinhua que se trata de un tema pendiente del gobierno, por lo que se deben encarar soluciones estructurales como objetivo en 2016.

"Esta situación crítica no es de la gestión del presidente Evo Morales, el problema es estructural, viene desde la colonia y lamentablemente ningún gobierno se preocupó por darle una solución integral", afirmó.

La titular de Justicia, indígena aymara abogada de profesión, calificó a la corrupción dentro del sistema judicial como el "cáncer" de la presente administración.

Velasco sostuvo que dicha poblemática no ha permitido que el sistema de justicia sea democrático, es decir, que llegue a todos por igual, ya que beneficia a quienes "ostentan el poder del dinero".

La preocupación del gobierno, en consecuencia, es cambiar la imagen, modificarla de manera estructural, cambiar la mentalidad de los administradores de justicia para que llegue a toda la sociedad.

"Es una tarea compleja y de largo plazo, pero lo haremos este año a partir de la 'cumbre de la justicia' que el presidente Morales anunciará", aseveró Velasco.

Morales se comprometió a principios de 2015 a dar respuesta a esta "crítica" situación mediante la realización de una "cumbre de justicia" que reúna a todos los sectores de la sociedad involucrados en la materia.

A su vez, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez Guachalla, reconoció que el sistema de justicia en Bolivia cuesta "mucho dinero" y está diseñado para que se genere corrupción en todo el proceso que un litigante debe seguir.

"La agobiante crisis que enfrenta la justicia en el país se arrastra desde la colonia, se diseña un sistema a la medida de los poderosos, por eso se tiene problemas de corrupción estructural".

Dijo que enfrentarán esta probemática con las reformas estructurales que se fijarán en la llamada "cumbre de justicia".

El encuentro servirá para diseñar una nueva estrategia en el tema que marque desafíos y obligaciones a corto, mediano y largo plazos.

En tanto, el abogado de las víctimas de la Masacre de 2003, Rogelio Mayta, comentó que a pesar de que concluyó 2015 aún no se ha convocado al encuentro nacional, mientras que continúa la espiral de la corrupción en el campo de la justicia.

Dijo que el retraso genera una "ampulosa" carga procesal "extorsionadora" e "ineficiente".

Un caso emblemático lo constituye un video grabado por un litigante, el cual muestra a jueces extorsionándo a su secretaria para modificar la decisión judicial.

Este es solamente un ejemplo de la manera en que se maneja en forma corrupta la justicia en el país sudamericano, sin desecharse incluso los muchos casos que no han podido evidenciarse.

El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción remitió al Ministerio Público 50 declaraciones juradas irregulares sobre adquisición de bienes y enriquecimiento ilícito.

Las declaraciones implican a fiscales, jueces y policías que trabajaron en oficinas de lucha contra el mismo flagelo.

En 2015, más de 80 fiscales e igual número de personal subalterno (asistentes, auxiliares y médicos) del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), fueron destituidos de sus cargos por retardación de justicia y corrupción, según el fiscal general Ramiro Guerrero.

El Consejo de la Magistratura dio a conocer a su vez que al menos 45 jueces son procesados por retardación de justicia y faltas graves, a quienes se identificó en operativos sorpresa realizados por la entidad en las ciudades de La Paz y El Alto.

Para la jefa de bancada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), abogada Norma Piérola, la forma predominante en la administración de justicia es la "pequeña corrupción".

Explicó que ésta se genera cuando la gente acude a los juzgados y otras instancias del sistema de administración a pedir que se haga justicia de manera paradójica.

Piérola dijo que las principales formas de corrupción en el sistema de administración son "el clientelismo", el cohecho, la injerencia política y de otros tipos.

El poder político siempre ha procurado el nombramiento de magistrados "amigos" o de "confianza", antes que de profesionales mejor calificados.