Une empresa recibió la orden judicial de restaurar el ecosistema luego de verter aguas residuales y causar contaminación en el área de la presa de las Tres Gargantas, anunció el jueves un tribunal en la municipalidad de Chongqing, suroeste de China.
La empresa Huangchangping Mining Co. Ltd., ubicada en la provincia central de Hubei, vertió aguas residuales y desechos en tierras bajas cercanas el 13 de agosto de 2014, lo que contaminó el agua subterránea y destruyó el ambiente en torno a cuevas kársticas.
Los residuos contaminaron el agua en una represa en la vecina municipalidad de Chongqing a tan sólo 13 kilómetros del río Yangtse y que abastece de agua potable a más de 50.000 personas.
La empresa fue demandada por La Liga de Voluntarios Ecológicos de Chongqing, convirtiéndose en el primer caso de litigio ambiental de interés público entre administraciones en el área de la presa de las Tres Gargantas.
La calidad del agua de la represa regresó a la normalidad una semana después luego de las acciones de emergencia emprendidas por departamentos ambientales de los gobiernos de Hubei y Chongqing.
El Tribunal Popular de Distrito de Wanzhou, en Chongqing, llevó a cabo un juicio público en octubre de 2015 y anunció su veredicto de primera instancia el jueves. En él señaló que la compañía debe pagar 320.000 yuanes (51.000 dólares) como indemnización y ofrecer una disculpa al público a través de medios de comunicación a nivel estatal.
Además, la empresa debe suspender sus operaciones hasta que sus instalaciones de protección ambiental sean aprobadas por las autoridades locales, y debe restaurar el equilibrio ecológico en el área contaminada en un plazo de 180 días o será multada con 991.000 yuanes, señala el veredicto.
"El caso ayudará a promover el establecimiento de un mecanismo de regulación entre administraciones, y a proteger el medio ambiente en las partes altas del río Yangtse", señaló Zhang Shengqiang, quien asistió al juicio.
El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley de Protección Ambiental modificada de China, la cual da facultades a grupos de la sociedad civil para demandar a entes contaminantes a fin de proteger el interés público.