MEXICO, 16 feb (Xinhua) -- En un lapso de seis años murieron 445 reos en cárceles estatales de México durante riñas y motines ante una falta de control por parte de las autoridades penitenciarias, advirtió este martes el Observatorio Nacional Ciudadano, una organización civil que analiza políticas en seguridad.
En una mesa de discusión organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), académicos y expertos coincidieron en que el sistema penitenciario del país padece carencias estructurales que convierten a las prisiones en espacios propicios para la corrupción y la violencia.
"Son espacios estatales de muerte y destrucción, ¿qué podemos hacer para cambiar esta realidad? El reto es muy claro: tener una prisión con ley", enfatizó Miguel Sarre, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y ex miembro del subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, expuso que entre 2008 y 2014 murieron 445 reos en cárceles estatales, cifra que aumentó este año tras el fallecimiento de 49 presos durante el motín del 10 y 11 de febrero en la prisión de Topo Chico, en el estado de Nuevo León (norte).
"Una falta de visión y compromiso de las autoridades locales ha llevado a una crisis humanitaria en el sistema penitenciario", sostuvo Rivas durante la mesa "Homicidios en centros penitenciarios" en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Rivas detalló que más de la mitad de las muertes registradas en ese lapso de seis años ocurrieron en cárceles de sólo dos estados: en Tamaulipas (norte) se registró el 40 por ciento y en Durango (noreste) otro 14 por ciento.
En México existen 372 prisiones bajo manejo de gobiernos estatales y alcaldías, en las cuales se encuentran casi 223.200 presos a pesar de que su capacidad es para 175.000, por lo que varias de ellas padecen de una sobrepoblación, según las cifras oficiales.
Daniel Montero, presidente del Observatorio Ciudadano del Sistema Penitenciario, expuso que además las cárceles estatales cuentan con pocos custodios que generalmente reciben sueldos de 6.000 pesos (318 dólares), lo que facilita que se presten a actos de corrupción.
A las carencias en infraestructura se suma que hay prisiones donde miembros del crimen organizado presos mantienen influencia sobre el resto de la población, como ocurría en la cárcel de Topo Chico antes del motín, acusó Montero, también académico en temas penitenciarios.
"Hay una gran sobrepoblación, una gran corrupción, una ceguera de la autoridad. No les interesa, no hay voluntad política de ver qué sucede en las cárceles.
"Los centros penitenciarios están en manos de la delincuencia organizada y eso nadie lo dice", expuso Montero.
María Sirvent, coordinadora de Documenta, una organización civil que investiga y defiende violaciones a derechos humanos en cárceles, enfatizó que el reciente motín de Topo Chico no es un hecho aislado, porque en la última década se han disparado los incidentes violentos dentro de las prisiones estatales.
En 2006 se registraron 320 casos de riñas, homicidios, motines y fugas, mientras que sólo en el primer semestre de 2015 hubo 1.600, dijo Sirvent.
"En las prisiones estatales hay una completa ausencia del estado", advirtió la coordinadora de Documenta.