En medio de la batalla entre gobierno y la oposición para conseguir votos de parlamentarios al juicio político de la presidenta Dilma Rousseff, la opinión pública brasileña discute los posibles escenarios posteriores a la votación prevista para la semana del 20 de abril en la Cámara de Diputados.
Los diputados decidirán sobre la admisibilidad de la denuncia, y en caso de dar continuidad al proceso, caberá al Senado proceder al juicio político propiamente dicho, basado en las acusaciones de que la presidenta habría autorizado maniobras fiscales irregulares.
El proceso, sin embargo, podría representar una agonía de largos meses de incertidumbre, por lo que ganan fuerza las propuestas para encontrar una salida política que sea lo menos costosa para el país.
La aguda división en la sociedad brasileña, que se expresó tanto en masivas manifestaciones a favor del impeachment como en igualmente numerosos actos en apoyo al gobierno, abrió un signo de interrogación sobre "el día después", sea cual fuere el resultado del proceso.
Por un lado, en caso de que Rousseff fuera destituida, un gobierno encabezado por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), tendría su legitimidad cuestionada por los movimientos sociales vinculados al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otras fuerzas de izquierda.
En el caso de que el gobierno consiga derribar el proceso de impeachment contra Rousseff, la insatisfacción de las clases medias urbanas y los partidos de oposición deben también crear una situación de difícil gobernabilidad.
Entre los simpatizantes del gobierno creció de manera vertiginosa en el último mes el movimiento "No va a haber Golpe", una lectura de la crisis actual que se reflejó en los argumentos del Abogado General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, al presentar la defensa de Rousseff este martes en la Cámara.
Tras subrayar que no hubo ningún "crimen de responsabilidad" de la presidenta, subrayó que la Constitución sólo autoriza el impeachment en el caso extremo de que un presidente atente contra la propia ley constitucional.
Desafiando a la oposición, Cardozo dijo que "un impeachment que rasga la Constitución trae una ruptura que crea tensión, conflictos y hace surgir un gobierno sin legitimidad".
El juicio político, por otra parte, fue autorizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), después de que Rousseff se negara a protegerlo frente a acusaciones de corrupción en su contra, lo que quitaría legitimidad al proceso.
Por otra parte, el Supremo Tribunal Federal (STF) determinó este miércoles que el presidente de la Cámara, aliado de Temer, autorice un pedido de impeachment contra el propio vicepresidente.
Cunha se niega a cumplir con la determinación y apelará al plenario de la Corte, lo que amplía la incertidumbre política.
En medio de los choques entre el Legislativo y el Ejecutivo, crece el papel del STF como árbitro de las facciones en disputa y como freno al uso polémico de la legislación vigente por parte de varios actores políticos.
Para el presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, André Bezerra, el papel de la Corte tiene que ser pensado en términos de las llamadas 'cortes constitucionales' surgidas en Europa tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial, para contener las tentaciones autoritarias tanto de la derecha como de la izquierda.
Según el magistrado, en el caso de que haya un impeachment de legitimidad dudosa, STF podría anular el procedimiento.
"El Supremo ha mostrado bastante cautela con relación al presidente de la Cámara, tal vez por ser el jefe de un poder. Pero de hecho hay un problema muy serio que es la legitimidad de un eventual gobierno Temer. Ese supuesto crimen de responsabilidad de la presidenta Dilma no está claro", dijo Bezerra a Xinhua.
Un eventual impeachment de Rousseff podría recrudecer los reclamos en las calles, resaltó, por lo que será fundamental el comportamiento del Poder Judicial para pacificar el conflicto político.
La multiplicación de voces que rechazan la destitución de la presidenta -organizaciones sindicales y campesinas, artistas, académicos, estudiantes-, llevó a la consultora Eurasia a reducir la posibilidad de un impeachment de Rousseff a un 60 por ciento, desde un pico de 75 por ciento el mes pasado.
Eurasia considera, sin embargo, que lo más probable es que la mandataria no gobierne hasta el 2018, cuando está prevista la conclusión de su mandato.
Para la consultora, una de las más influyentes entre los grandes inversores, existe un 35 por ciento de probabilidad de que sean convocadas nuevas elecciones, cualquiera sea el resultado del proceso de impeachment.
Del lado del gobierno, la propuesta del presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB), de un acuerdo para anticipar las elecciones previstas para 2018, debe tener como condición la renuncia de todos los diputados y senadores, para convocar elecciones generales, renovando tanto el Ejecutivo como el Legislativo.
Con un eventual gobierno Temer, la perspectiva es que habrá pocas condiciones de gobernabilidad, lo que podría dar lugar a la actuación del Tribunal Superior Electoral (TSE), que debe juzgar denuncias de financiamiento ilegal de la fórmula Rousseff-Temer.
"Las chances de nuevas elecciones permanecen incluso si el impeachment prevalece. Los desafíos pueden probarse insuperables para un presidente sin mandato popular, estimulando al TSE a actuar", agregó.