La violencia durante una demolición forzosa plantea muchas cuestiones

Actualizado a las 03/05/2016 - 13:47

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La gente observa la demolición de una casa en Wenling, provincia de Zhejiang, después de que su dueño llegara a un acuerdo con el gobierno local. [China Daily]

Haikou,03/05/2016(El Pueblo en Línea)-Un vídeo en que varios hombres armados con palos y bastones de descarga eléctrica agredieron a mujeres y niños durante la demolición de una construcción ilegal, ha conmovido a gran parte de la sociedad.

Los hombres, vestidos con uniformes negros y cascos, según la información, eran guardias de seguridad contratados por el gobierno local del distrito Xiuying de Haikou, capital de la provincia de Hainan.

Su brutalidad, cometida en plena luz del día, es imperdonable. Es un crimen, y los culpables deben ser castigados por la ley.

Según varios funcionarios locales, la demolición se tornó violenta después de la resistencia de los vecinos, que arrojaron piedras y fuegos artificiales y amenazaron con quemar cilindros de gas para evitar que derribaran sus casas.

La actuación de los vecinos, si se demuestran los hechos, también deben ser castigados conforme a la ley. El uso de fuerza excesiva en represalia no está justificado en ninguna sociedad.

El gobierno de Haikou ha actuado rápidamente ante la protesta pública después de un vídeo de lo ocurrido se convirtiera en fenómeno viral durante el fin de semana. Hasta ahora ha dimitido el jefe de distrito de Xiuying, han sido detenidos siete guardias de seguridad, y ha sido despedido su líder, pero aún quedan muchas preguntas por contestar.

¿El gobierno actuó según la ley y trató de negociar con los vecinos sobre la indemnización o reubicación antes de desalojarlos a la fuerza de sus hogares?

¿Hubo algún tipo de incumplimiento de la ley por alguna de las partes?

¿Existen motivos de interés entre funcionarios y empresarios para un proyecto de construcción?

Durante años, las demoliciones forzosas han provocando numerosas confrontaciones entre gobiernos locales y residentes.

A la vez que se acelera el ritmo de urbanización, también son más frecuentes estos enfrentamientos.

De los 800.000 casos civiles ante los tribunales en los últimos cinco años, más del 40% han estado relacionados con demoliciones forzadas, según cifras del Tribunal Superior. Los enfrentamientos violentos durante las demoliciones forzadas no sólo dañan la imagen de un gobierno local, sino que además contradicen la misión de servir al pueblo del gobierno central.

Muchos de los proyectos de demolición están destinados a mejorar las cifras locales de PIB, o bien son el resultado de acuerdos ilegales entre funcionarios y promotores.

El último caso debe servir como lección para los funcionarios que aún no han entendido el verdadero significado del desarrollo económico.

Después de todo, una sociedad avanzada y civilizada no sólo se refleja en el número de rascacielos y autopistas, sino también en cómo se comparten los frutos de la prosperidad entre los miembros de esa sociedad, incluyendo los más vulnerables, para que todos puedan vivir con dignidad.