Farsa política en nombre de la ley y la justicia sólo beneficia a intereses especiales

Actualizado a las 03/07/2016 - 10:25

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BEIJING, 2 jul (Xinhua) -- Nuestro planeta ha experimentado en los últimos años un creciente caos, con guerras y enfrentamientos, tiroteos mortales, ataques terroristas, olas de refugiados, empeoramiento de la pobreza y sociedades civiles cada vez más divididas. Pese a que mantenemos los valores en nuestros corazones, las crisis, una tras otra, parecen seguir desarrollándose.

El llamado arbitraje del Mar Meridional de China, iniciado unilateralmente por Filipinas y cuyo fallo se espera para el 12 de julio, es otra deformidad global. En este caso, el derecho internacional ha sido explotado y distorsionado para satisfacer los intereses particulares de ciertos grupos o países.

Se trata de un antiguo truco empleado una y otra vez, es decir, llevar a cabo acciones destructivas motivadas por intereses especiales con esloganes políticamente correctos, justificados e incluso glorificados.

Guiado por el concepto brillante de construir una Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental, el Japón imperial, en alianza con la Alemania nazi, invadió y ocupó decenas de países durante la Segunda Guerra Mundial, acabando con decenas de millones de vidas inocentes, incluidas las de ciudadanos japoneses.

El expresidente estadounidense George W. Bush autorizó la invasión a Irak en 2003, con el objetivo de eliminar las "armas de destrucción masiva" en ese país de Medio Oriente, que posteriormente resultó ser infundado, aunque costó a EEUU varios billones de dólares, así como medio millón de vidas en Irak durante un período de ocho años.

Los beneficiarios eran políticos ambiciosos, militaristas y complejos de la industria militar que el otrora presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower había advertido en 1961 -todos los oportunistas que no trabajaban por el interés del pueblo-.

Los esloganes glorificados giran en torno a las disputas territoriales en el Mar Meridional de China, donde la tensión surgida en nombre de la "libertad de navegación" y el "derecho internacional" concede la autovalidación de la presencia militar de EEUU, dando lugar a rentables negocios armamentistas.

Además, las tensiones e incluso posibles enfrentamientos en la región de Asia-Pacífico traerían beneficios extra a ciertos políticos en Washington y Manila, debido a que podrían desviar la atención pública de los problemas nacionales, como el control de armas, la corrupción y la pobreza.

Sin embargo, cualquier juicio equivocado sobre la situación que conduzca a la confrontación en el Mar Meridional de China perjudicará, de manera inevitable, los lazos cordiales y los vínculos comerciales interrelacionados entre los pueblos de China, EEUU y Filipinas, con los grupos de intereses especiales como únicos especuladores a costa del bienestar de sus pueblos.

El Pentágono no pudo esperar para enviar al Mar Meridional de China dos de sus portaaviones, tres destructores equipados con misiles guiados y otros navíos, gastando el dinero de los contribuyentes estadounidenses sólo para servir los intereses de EEUU.

La acción filipina de llevar sus reclamaciones territoriales a un tribunal de arbitraje en La Haya está llena de maniobras políticas.

El tribunal, provisionalmente establecido, ha hecho caso omiso a los acuerdos formales pactados por países de la región a fin de resolver las disputas mediante negociaciones y consultas.

Y su decisión de atender el caso de Filipinas y ejercer una jurisdicción que no tiene en materia territorial, viola la Convención de la ONU sobre el Derecho en el Mar (UNCLOS, siglas en inglés) y constituye un abuso de poder.

El fallo de un tribunal sin jurisdicción ni neutralidad dejará de ser vinculante y humillará al derecho internacional. El proceso de arbitraje ha afectado el mecanismo de diálogo pacífico ya existente en la región, agravando las tensiones entre Beijing y Manila.

Peor aún, crea divisiones en el seno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con el peligro de socavar los años de progresos tan difíciles de conseguir para la integración regional en favor de un desarrollo compartido.

Pese a que China manifestó públicamente que no participa en el arbitraje ni aceptará su fallo, el país no ha renunciado a las negociaciones pacíficas con las partes directamente involucradas con el fin de solucionar el tema.

Se corresponde con los intereses fundamentales de todos que Filipinas retome las consultas directas con China para abordar conjuntamente sus diferencias y defender la paz regional en busca de un futuro mutuamente beneficioso.