Acusan de corrupción a ex candidato presidencial en Chile

Actualizado a las 20/10/2016 - 15:11

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El dos veces candidato presidencial chileno, Marco Enriquez Ominami, recibió hoy una acusación formal de delitos tributarios por un presunto financiamiento ilegal para su campaña política con dinero de la minera SQM.

"Me presento con la frente en alto, con la convicción de que he actuado en base a lo que creo, respetando mis principios", dijo el ex aspirante presidencial.

El también ex legislador enfrenta cargos por delitos tributarios vinculados a la facilitación de facturas falsas, es decir, por trabajos no realizados.

Dichas facturas son por 362 millones de pesos (unos 750.000 dólares) a la minera SQM para que supuestamente financiara su campaña presidencial en 2013.

La minera SQM, controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno del fallecido ex presidente Augusto Pinochet (1973-1990), es indagada por el Ministerio Público por financiar de manera ilegal a políticos de oposición y gobierno.

Ominami logró la tercera posición en las últimas dos elecciones presidenciales, detrás de la coalición de centro-izquierda.

"Confío en la justicia. Espero ansioso poder defenderme ante el tribunal competente y confío en que el juez oirá nuestra petición de que se conozca pronto la verdad para establecer la verdad", acotó el también líder del Partido Progresista (Pro).

Tras la formalización de los delitos tributarios, la defensa del político y de su ex asesor, Cristián Warner, aceptaron varias medidas cautelares como la prohibición de salir del país.

Las medidas fueron aceptadas probablemente para llegar pronto a un juicio oral y posibilitar así su participación en los comicios de 2017.

"Toda esta adversidad me dio una lección, entendí que tengo la responsabilidad de trabajar incansablemente por el cambio, es el compromiso que asumí de cara a todos los chilenos", dijo Ominami.

El dirigente político enfrenta además una investigación por el uso de un jet privado en la última campaña presidencial, el cual fue donado supuestamente por la empresa brasileña OAS.

En Chile están prohibidas por ley las donaciones desde el extranjero a campañas políticas.

Debido a estas acusaciones, el ex candidato presidencial ha perdido de manera progresiva popularidad según sondeos de opinión.

El presunto financiamiento ilegal a dirigentes políticos por parte de empresas privadas, mantiene a una docena de legisladores y ex ministros de Estado bajo investigación judicial.

Algunos de ellos incluso cumplen medidas cautelares acusados de fraude y cohecho.

Destaca también el caso contra la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, sobre un presunto negocio de especulación inmobiliaria que ha causado indignación en Chile, al sospechar uso indebido de información privilegiada.