La oposición en Venezuela mantendrá acciones en el campo internacional y local para denunciar la "ruptura del hilo constitucional en el país", pese al anuncio de un diálogo político con el gobierno, informó hoy el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
En entrevista con Xinhua, Torrealba dijo que la apertura de un proceso de conversaciones con el Ejecutivo, que estará acompañado por el Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y tres ex presidentes, no niega las gestiones de rechazo a la suspensión de la fase de recolección de firmas del referendo revocatorio.
"Asumimos el proceso de diálogo que hoy se vio reforzado con la incorporación del representante del papa Francisco en el proceso de mediación, pero actuaremos en tres espacios, uno es el diálogo, otro es la movilización de calle y otro es la lucha institucional", sostuvo el dirigente opositor.
El máximo vocero de la MUD consideró que estas tres vías evaluadas por la principal alianza opositora "no son contradictorias", sino "concurrentes", y tienen el propósito común de lograr el "restablecimiento" del hilo democrático en este país.
El próximo 30 de octubre se llevará a cabo en la isla de Margarita, al norte de Venezuela, una reunión plenaria de cara a los diálogos entre el gobierno y la MUD, en la cual participará el presidente Nicolás Maduro.
Venezuela experimenta una tensión política por la paralización de la fase de recolección de firmas para un referendo revocatorio presidencial, anunciada el pasado 20 de octubre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente que se adhirió a un dictamen de cinco tribunales penales estatales que alegaron "fraude electoral" de la MUD.
Ante esto, Jesús Torrealba afirmó que la coalición opositora seguirá trabajando para invocar todos los acuerdos y tratados internacionales que Venezuela ha suscrito, en aras de que la comunidad internacional "respalde la restitución de la democracia" en la nación sudamericana.
Dentro de las acciones se encuentra pedir que se active la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo de Ushuaia de 1998 del Mercado Común del Sur.
A ello se suma, la decisión de la Asamblea Nacional (AN, Congreso unicameral) de denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los rectores del CNE, así como a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la decisión de suspender temporalmente el referendo.
Esta resolución es cuestionada, no obstante, por analistas y abogados especialistas en Derecho Internacional en el país sudamericano, quienes alegan que a la CPI, con competencia en crímenes de guerra o de lesa humanidad, no le compete atender un hecho electoral suscitado en algún país del mundo.
Torrealba consideró que el gobierno venezolano "secuestró judicialmente el referendo revocatorio mediante subterfugios insostenibles", en alusión al alegato de los tribunales penales sobre la validez de unas 8.600 querellas por supuesta "usurpación de identidad" cometida por la MUD en la fase primaria del proceso.
Esta etapa inicial constó de la presentación que debía hacer la alianza opositora de unas 200.000 firmas favorables al referendo, número que superó al consignar en mayo pasado unos dos millones de rúbricas.
La invalidación del CNE de 605.727 manifestaciones de voluntad, del total presentado por la MUD, no puede entorpecer el curso del referendo, pues el mismo Poder Electoral aceptó y validó otras 400.000 rúbricas, dijo Torrealba.
"Fue el Consejo Nacional Electoral el que aceptó y validó como buenas 400.000 firmas del 1 por ciento del electorado local y de las que se requerían, es decir, el CNE aprobó como válidas el doble de las rúbricas que exigía su normativa", puntualizó el secretario de la MUD.
Agregó que "aunque exista, según el gobierno, una irregularidad en alguna firma, eso no anula ni soporta el desconocimiento de 400.000 firmas que sí son válidas".
Para Torrealba, un paso paralelo a las acciones internacionales que llevará a cabo la oposición es la "lucha institucional", en la que refirió como punta de lanza a la AN.
Desde el órgano legislativo, aunque éste haya sido declarado en "desacato" por el TSJ y por ende nulos sus actos, prevén renovar a la directiva del CNE y cambiar a los magistrados del Poder Judicial, a quienes acusan de ser parciales al gobierno del presidente Maduro.
"Estamos viviendo una violencia institucional", denunció Torrealba, quien aseguró que la suspensión del referendo refleja la "intención" del Ejecutivo de sacar del escenario electoral y político a la MUD, para encaminarla hacia la violencia.
Sin embargo, ratificó que desde la MUD desarrollarán una lucha no violenta pero "contundente", que implica acciones permanentes de calle.
Mañana miércoles, la oposición protagonizará la "toma de Venezuela", una nueva jornada de movilización que no descarta llegar hasta el Palacio presidencial de Miraflores, y que tiene como objetivo "demostrar el descontento" de la población con el gobierno tras la paralización del referendo.
Jesús Torrealba avizora un gobierno opositor para el futuro inmediato, dada la "pérdida de respaldo popular" que considera ha tenido el Ejecutivo y que quedó demostrado en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.