Sociedad colombiana se manifiesta contra asesinatos de luchadores sociales

Actualizado a las 23/11/2016 - 15:39

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Las sombras comienzan a instalarse en el panorama de Colombia, luego de tres asesinatos, dos atentados fallidos y ningún capturado por crímenes perpetrados contra luchadores sociales en varios departamentos del país durante la última semana.

Todas las víctimas tienen algo en común, pertenecer al movimiento de izquierda Marcha Patriótica, la cual reúne a activistas y líderes campesinos de todas regiones del país.

Cinco muertos que tenían un mismo perfil, luchar desde sus territorios por la defensa del medio ambiente y la solución de las problemáticas sociales.

En Bogotá varias voces se unieron la noche del lunes para dejar un eco de indignación, toda vez que estas muertes obedecen al mismo patrón que delineó el exterminio del movimiento político Unión Patriótica a finales de la década de 1980.

Hace 30 años, el ala política de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quiso formar parte de la democracia sin armas, sin embargo esta posibilidad le fue negada por la violencia.

Alirio Uribe, diputado por el opositor partido Polo Democrático, quien está a favor del proceso de paz e incluso asistió a dos manifestaciones organizadas en Bogotá en protesta por estos asesinatos, habló con Xinhua al respecto.

"Es importante que la comunidad internacional tenga claro que si bien en Colombia hay un cese al fuego y hostilidades, y ha habido una reducción casi del 100 por ciento entre la guerrilla y el ejército, en la última semana se han presentado hechos muy graves relacionados con la muerte de líderes sociales y activistas reflejados también en amenazas y atentados", señaló.

Uribe manifestó las exigencias que su partido político y la sociedad civil hacen al gobierno colombiano.

"Les decimos a los ministerios encargados, a la Fiscalía y a todas las autoridades que se necesitan garantías. En el acuerdo de paz, en el tercer punto, hay todo un capítulo en el que se preveía lo que iba a pasar con quienes luchan por los derechos humanos en las regiones del país", explicó.

"En Colombia hay sectores de extrema derecha, algunos que han patrocinado el 'No' al acuerdo de paz, que están comprometidos con actividades paramilitares, sicariales y de guerra sucia y el gobierno conoce esa realidad. Por eso, en el acuerdo se pactó que se tomarían medidas que comprometen al mismo presidente, a varios ministerios y la Unidad de Protección", agregó.

"Lo que pedimos al gobierno es que se firme el acuerdo de manera definitiva y se empiecen a implementar esas medidas. Es increíble que un movimiento tan joven como Marcha Patriótica ya tenga 124 de sus miembros asesinados, y que en este año se hayan asesinado más de 70 colombianos defensores de los derechos humanos", señaló.

LA RESPONSABILIDAD DEL "NO"

Después de 50 días, cuando los colombianos negaron la refrendación del acuerdo paz por medio del plebiscito y luego de varias reuniones en las que el gobierno y los representantes de esa negativa revisaron el acuerdo para corregirlo, las FARC y el gobierno firmaron en La Habana un nuevo texto que atiende las inconformidades.

Sin embargo, este nuevo texto tampoco ha copado las expectativas de quienes representan al 'No' al acuerdo.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció su interés en refrendar el acuerdo de paz por medio del Congreso de la República, ya que llevarlo a un nuevo plebiscito prolonga su aplicación, acrecienta la fragilidad del proceso y abre la posibilidad de hechos violentos en el país.

Algunos dirigentes de izquierda consideran que los promotores del "No" al acuerdo de paz les cabe una gran responsabilidad en los recientes asesinatos de los luchadores sociales.

"Tenemos que llamar a cuentas al Centro Democrático que es uno de los líderes del 'N0', porque en San Vicente del Caguán el alcalde de la población que pertenece a este partido hizo graves señalamientos contra uno de los líderes asesinados", dijo Alirio Uribe.

Por su parte, el diputado del Partido Verde, Angel Robledo, declaró a Xinhua que "es muy diferente estar acá en la ciudad a estar en las regiones como los guerrilleros, que siguen a la espera de lo que va a pasar con el acuerdo, por eso es muy necesario refrendar ese acuerdo y la vía más eficaz es el Congreso de la República".

"La salida más viable del limbo en que está el acuerdo es que nosotros los congresistas, que también fuimos elegidos por voto popular y representamos a más de ocho millones de personas. El Congreso es el órgano por excelencia de la democracia, con todas sus precariedades y todos sus problemas", añadió Robledo.

LAS VICTIMAS DE LA ESPERA

Las cinco personas víctimas de atentados se erigieron como símbolos de un exterminio al que la sociedad civil en su conjunto rechaza.

Eran reconocidos en sus respectivos municipios por la lucha contra problemáticas como la minería indiscriminada e ilegal, la ausencia de infraestructura para que campesinos puedan sacar sus cultivos al mercado y los enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos insurgentes.

Erley Monroy Fierro, de 54 años fue asesinado en una vereda del municipio de San Vicente del Caguán, luego de ser señalado por Humberto Sánchez, el alcalde de esa población, como integrante de las FARC.

Didier Lozada Barreto fue ultimado frente a su familia por sicarios que ingresaron a la fuerza a su vivienda en una vereda llamada Platanillo, de la cual era líder comunitario, en el departamento de Meta (centro).

Rodrigo Cabrera, líder campesino perteneciente a Marcha Patriótica fue asesinado por sicarios en una carretera de la vereda El Rosal departamento de Nariño (sur).

Danilo Bolaños Díaz, cultivador de café del municipio de Leyva, también en Nariño, y Hugo Cuellar, presidente de la junta de acción comunal de La Victoria en Caquetá (sur), fueron los objetivos de sendos atentados que por poco les cuestan la vida.

El pasado 22 de noviembre el presidente Santos anunció, después de una reunión con la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos, la convocatoria a una reunión de seguridad con los gobernadores de los departamentos más afectados por los homicidios de los líderes sociales.

El mandatario señaló que estos hechos son evidencia palpable de los riesgos que implican la no implementación del acuerdo de paz, al tiempo que informó sobre la urgencia de pasar a la etapa de agrupamiento y ubicación de las tropas de las FARC en las zonas "veredales" (divisiones territoriales), con el fin de garantizar la seguridad de la población.

Eso esperan también los manifestantes en Bogotá, quienes entre velas, pancartas y flores le gritan al país que no quieren que estas nuevas cinco víctimas sean el nuevo inicio del macabro conteo de muertos de la guerra en Colombia.