Ex presidente ecuatoriano destituido anuncia retorno a Ecuador en abril

Actualizado a las 03/02/2017 - 10:45

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El destituido presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (1996-1997), asilado en Panamá, anunció hoy que retornará a Ecuador el próximo 1 de abril, y pidió a los pobres de su país estar preparados para recibirlo.

"Abdalá vuelve sábado 1 de abril 4:00 pm, suburbio de Guayaquil (suroeste y su ciudad natal), no falten, ayúdenme con carros para transportar al pueblo. 1 de abril sin falta", escribió el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

Además, llamó a "toda la vieja guardia" del desaparecido Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), del cual era su líder y lo llevó a la presidencia, a unirse para trabajar por su retorno al país.

Al mismo tiempo, instó a votar por su hijo, el ex legislador Abdalá Bucaram Pulley, en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 19 de febrero, y en las cuales Pulley se presenta por el partido Fuerza Ecuador, del cual es su líder.

El ex mandatario salió de Ecuador en febrero de 1996, tras ser destituido por el Congreso por "incapacidad mental" para gobernar, y se declaró vacante la presidencia.

Posteriormente, la entonces Corte Suprema de Justicia le abrió dos juicios por presuntas irregularidades en el manejo de gastos reservados de la presidencia y sobreprecio en la compra de útiles del fallido proyecto "Mochila Escolar".

Las acusaciones de peculado provocaron una ola de descontento y protestas populares, principalmente, en Quito (capital), que terminaron con su destitución.

La defensa de Bucaram ha pedido la prescripción anticipada de los procesos judiciales que enfrenta el ex jefe de Estado, argumentando que, según el nuevo Código Penal, ningún juicio penal puede durar más de 13 años. Los suyos ya llevan 19 años.

El pronunciamiento está en manos del fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.

Además, Bucaram presentó en 2015 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado ecuatoriano por su destitución como presidente, la cual considera ilegal.

Según el ex mandatario, entonces, no hubo un juicio político que le permitiera ejercer su derecho a la defensa; por esta razón, reclama una reparación de 200 millones de dólares.