Venezuela vuelve a enfrentar mirada internacional sobre tema de derechos humanos

Actualizado a las 13/03/2017 - 15:41

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CARACAS, 12 mar (Xinhua) -- Venezuela vuelve a experimentar el repetitivo escenario de evaluación extranjera al cumplimiento de los derechos humanos, en un contexto en que el gobierno ha denunciado que existe una confabulación internacional para atribuir una crisis humanitaria a la nación latina.

Del 17 al 22 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 161 período de sesiones, dedicará tres audiencias a abordar la situación política y social venezolana, signada de denuncias sobre la situación carcelaria en este país, una presunta persecución a políticos opositores y la supuesta inexistencia de garantías fundamentales.

Una de las sesiones se hará a solicitud del Ejecutivo para exponer los resultados de la Comisión por la Justicia y la Verdad que recientemente esclareció crímenes cometidos por sectores de la derecha de este país en años previos a la llegada del gobierno socialista (1998).

Las otras dos reuniones estarán lideradas por sectores de la oposición local y 12 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) entre las cuales se encuentra el Observatorio Venezolano de Prisiones, el Foro Penal Venezolano, el Programa Venezolano de Educación-Acción sobre Derechos Humanos (PROVEA) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

Existen incógnitas acerca de la relación de Venezuela con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), una vez el país latino consideró oficializar su salida de esta instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2013.

El abogado constitucionalista, Jesús Silva, explicó a Xinhua que el país suramericano mantiene una relación diplomática con la Comisión Interamericana (CIDH) y que sólo rompió relaciones con la Corte, ente adscrito a la CADH que posee facultades para juzgar a los Estados en materia de DDHH.

"Venezuela sigue teniendo una relación con la Comisión Interamericana en lo que respecta a la instancia diplomática, es decir, como un foro de discusión política y de derecho internacional. Lo que ha ocurrido hace pocos años es que Venezuela se retiró de la Corte Interamericana, una sección de este organismo que tiene facultades jurisdiccionales" , expuso Silva.

El quiebre de nexos fue con la instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que establece "facultades de tribunal", por lo que desde 2013 "ningún tipo de investigación o sanción dictada por la Corte tiene aplicación práctica en Venezuela", sostiene el experto.

En este sentido, las próximas tres sesiones que desarrollará la CIDH pueden simplemente tener un carácter "persuasivo", que no implicará sanciones ni "medidas de aplicación forzosas", toda vez que la nación latina ha denunciado este Tratado y se ha salido de su jurisdicción.

Aunque pueda parecer una extralimitación del Estado venezolano el salirse de instancias que puedan juzgar su "incumplimiento" a los derechos humanos, el gobierno ha acusado a estos entes de la OEA de plantear una realidad "sesgada" y "parcializada" sobre su realidad interna.

Uno de los argumentos esgrimidos por el entonces canciller venezolano, Elías Jaua (2013-2014) en lo que respecta la salida de Venezuela de la Corte, fue que ésta reconoció a las autoridades ilegítimas posicionadas en el país en el año 2002, tras el golpe de Estado contra el fallecido, Hugo Chávez.

Existe un debate acerca de las facultades "supraconstitucionales" de los organismos multilaterales, dentro de los que se inserta la CADH, tomando en consideración lo propiamente establecido por la Constitución venezolana.

El artículo 23 de la Carta Magna establece que los "tratados, pactos y convenciones relativas a los derechos humanos, suscritas y ratificadas por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su ejercicio y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución y las leyes de la República" .

De acuerdo con el también abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández, el artículo deja entrever que la Convención Americana, y en especial la Corte, sí tiene facultades para juzgar al Estado venezolano, y no al revés, cuando el gobierno acusa a la CADH de actuar indebidamente contra el país.

Pero no es el único escenario complejo que atraviesa Venezuela en esta materia. Recientemente, el gobierno rechazó un informe sobre derechos humanos emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que cita al país caribeño como uno de los países del hemisferios que más perpetra abusos a los derechos humanos.

Dentro de las acusaciones se encontró el uso poder Poder Judicial para "limitar" las acciones del Poder Legislativo y presuntamente perseguir a políticos opositores.

La cancillería venezolana en tanto criticó el "doble rasero" del país norteño, y calificó una vez más sus medidas unilaterales de "actos de injerencia" .

Paralelamente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, impulsa nuevamente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra de la nación, alegando fallas en la garantía de derechos fundamentales y no descartando una crisis humanitaria en el país.

El escenario es ahora más preocupante para la administración de Caracas, ya que sólo 23 de los 34 Estados que integran la OEA, es decir, la mayoría simple, se requerirían para aplicar la Carta, y en consecuencia, Venezuela podría ser expulsada del bloque.

"La correlación de fuerzas es negativa para Venezuela en la OEA; hay 34 miembros de la mayoría calificada para dictar una medida de suspensión que es la sanción más severa de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana y está muy próximo a alcanzarse ese número de 23, dada la existencia ahora de gobiernos oponentes como lo son Brasil y Argentina" , explicó Silva.

Esta realidad se compara a la del año 2016, cuando sólo 20 países votaron a favor del informe presentado por Almagro para abordar la "crisis en Venezuela", y 12 naciones lo objetaron pidiendo archivar dicho documento.

"Solo falta un factor por descifrar, y es el nuevo gobierno de Estados Unidos, que es el factor más importante de todos por su gran influencia. Habrá que conocer si el presidente Donald Trump tiene interés en jugar una política intervencionista o si prefiere tener un papel más moderado en Venezuela" , aseguró el abogado.

De momento, solo el Senado norteamericano ha expresado un apoyo a la iniciativa de Almagro, pero, asegura Silva, ello no representa una decisión del gobierno de Estados Unidos, sino de "grupos de presión" aliados a la oposición venezolana.

Advierte Silva que el episodio de la OEA es peligroso para Venezuela, porque de ser suspendida habrá un vasto "daño diplomático y económico", y el país podría verse, ahora sí, aislado internacionalmente, con menores posibilidades de obtener auxilio financiero en el duro contexto de sus crisis económicas.