CARACAS, 19 mar (Xinhua) -- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, Maikel Moreno, descartó este domingo que exista una lucha entre los Poderes Públicos de esta nación suramericana, con motivo de las diferencias que mantiene el organismo Judicial con el Congreso.
Durante una entrevista concedida al canal privado Televen, Moreno afirmó que "no se puede decir que existe un duelo de poder" cuando la Sala Constitucional del máximo tribunal saca una decisión favorable o no a una institución.
El TSJ, acusado por algunos sectores de ser parcial al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha ratificado su dictamen que señala de desacato a la opositora Asamblea Nacional (AN, Congreso).
De acuerdo con el magistrado suramericano, las decisiones adoptadas por el Poder Judicial "no son para atacar a un sector específico" , sino para dar al país "cumplimiento del Estado democrático, social y justo" .
Durante los últimos años, opinó Moreno, se ha intentado "desconocer" a las instituciones venezolanas, ante lo cual el Tribunal Supremo ha actuado como "garante" del país.
Asimismo, el funcionario venezolano indicó que el organismo que dirige apoya el diálogo en Venezuela, ya que es una vía para que "nos podamos entender" .
Maikel Moreno informó también que la víspera designó a una comisión para que "estudie" las acciones y "ataques" contra el TSJ por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.
Almagro, quien en días pasados expuso un informe actualizado sobre la difícil situación que atraviesa Venezuela y sugirió que sea suspendida del organismo hemisférico, sostiene que existe parcialidad del Poder Judicial hacia el gobierno.
Desde enero de 2016, los poderes Judicial y Legislativo mantienen una incesante confrontación que derivó principalmente de las sentencias que han dejado sin efecto los actos parlamentarios.
Según el Tribunal venezolano, la AN, que es de mayoría conservadora, permanece en desacato al dictamen que le obliga a desincorporar a tres diputados de derecha acusados de fraude en su elección.
En tanto, el Congreso, que anunció la desincorporación de los legisladores mediante un comunicado y no en un acto público, desconoce al Poder Judicial por supuestamente actuar al margen de la Constitución.