CARACAS, 4 abr (Xinhua) -- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, aseguró hoy que la Asamblea Nacional (AN, Poder Legislativo), de mayoría opositora, carece de legalidad y legitimidad para remover a los magistrados del Poder Judicial.
El presidente del TSJ recordó que la AN aún se encuentra en situación de desacato (por decreto del mismo Poder Judicial), y además aludió a las competencias del Poder Ciudadano en esta materia, según los mensajes publicados en la cuenta oficial de Twitter del máximo órgano del sistema judicial de Venezuela.
Moreno explicó que, de acuerdo con el artículo 265 de la Constitución venezolana, la remoción de al menos siete magistrados de las salas que componen el TSJ debe iniciar, en primera instancia, con el voto favorable de dos tercios de la AN, es decir, 111 diputados.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD, derecha) cuenta en la actualidad con 109 curules en el Congreso, luego de que tres de sus parlamentarios fueron desincorporados por el ente judicial, razón que le impide contar con el quórum necesario para pedir una investigación a los magistrados.
El segundo paso de la oposición parlamentaria consta de la presentación de un informe ante el Poder Ciudadano, específicamente ante la Fiscalía General, la Contraloría y el Consejo Moral Republicano, quienes luego de efectuar una investigación determinarían la remoción o no de los funcionarios.
"No existe posibilidad alguna que en el marco del orden constitucional se le permita al parlamento tomarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder Ciudadano", explicó Moreno.
"El artículo 265 de la Carta Magna faculta al Poder Ciudadano para calificar las faltas graves de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia", agregó el órgano judicial.
Este martes, la mayoría opositora de la AN convocó a una sesión ordinaria para evaluar la remoción de los magistrados, a quienes acusan de ser partidarios del oficialismo.
La medida de la oposición se produce luego de un "impasse" surgido recientemente entre el TSJ y la Fiscalía General, luego de que el primero emitió a finales de marzo pasado dos resoluciones para atribuirse competencias de la AN, las cuales fueron rechazadas por la fiscal Luisa Ortega Díaz.
Pese a que la máxima instancia judicial se retractó el pasado 1 de abril de dichas sentencias, la MUD no reconoce la marcha atrás de dichas resoluciones y asegura que debe avanzarse hacia un proceso de destitución de los integrantes de las salas judiciales.