Obligatoriedad de hablar un idioma nativo en Bolivia llega a privados y candidatos electorales

Actualizado a las 10/04/2017 - 08:49

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Por René Quenallata Paredes

LA PAZ, 9 abr (Xinhua) -- La exigencia de hablar un idioma indígena en Bolivia, llega no sólo al nivel público, sino a los funcionarios de las entidades privadas y candidatos de toda instancia sometida al voto popular, como establece la Constitución y la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, según la explicación del Viceministerio de Descolonización.

El coordinador del Viceministerio de Descolonización, Guillermo Aluce, en entrevista con Xinhua, precisó que desde las próximas elecciones nacionales, subnacionales y judiciales, todo candidato para ser habilitado debe presentar una certificación de que habla un idioma nativo.

"No es ningún invento, está en la Constitución y la ley 269 que establecen esta obligación para los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y otras instancias de hablar un idioma nativo, al menos en el nivel básico", afirmó el funcionario.

Precisó que la medida llega a todos los candidatos elegibles por voto directo como presidenciales, vicepresidenciales, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, magistrados de la justicia, asambleístas departamentales y concejales.

Según Aluce, el encargado de hacer cumplir esta normativa para los candidatos será el Tribunal Supremo Electoral (TSE), instancia que debe pedir una certificación.

En 2019 se desarrollarán las elecciones nacionales para elegir al presidente, vicepresidente, diputados, senadores y legisladores supranacionales.

Adicionalmente, los potenciales candidatos deberán presentar un certificado de no violencia contra la mujer y de no discriminación.

PRIVADOS

Respecto a los funcionarios del sector privado, el coordinador del Viceministerio de Descolonización dijo que la ley vigente establece que toda entidad pública y privada debe exigir que sus funcionarios hablen un idioma nativo, al margen del castellano.

"En cada convocatoria pública las entidades privadas deben poner, entre sus requisitos, el hablar un idioma nativo", agregó.

El gobierno anunció antes del cumplimiento del plazo (2 de agosto de 2015) que hablar un idioma nativo como aymara, quechua, guaraní u otro de las 36 reconocidos en Bolivia se constituirá como un requisito para optar un cargo en la administración pública en los niveles nacional y subnacional, o puede constituirse en un elemento de permanencia de los servidores en su fuente laboral, en cumplimiento de la ley.

Son idiomas oficiales del Estado de Bolivia: el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos como el Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimane, Ese ejja, Guaraní, Guarasu'we, Guarayu, Itonama, Leco.

Además de Machajuyai-kallawaya, Machineri, Maropa, Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Moré, Mosetén, Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, UruChipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré y Zamuco.

El plazo para que los servidores públicos aprendan uno de los idiomas feneció el 2 de agosto de 2015 (en cumplimiento de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas promulgada en 2012), por lo que en función de los informes recibidos se determinará lo que corresponda con quienes no hablen alguno de los 36 idiomas.

Sólo los certificados que otorga el Viceministerio de Descolonización, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) y el Instituto Plurinacional de Lenguas y Culturas (IPELC), son reconocidos y tienen validez.

CONTROL-SEGUIMIENTO

Según el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, de los 350.000 funcionarios que trabajan, aproximadamente, en instituciones públicas, gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas, sólo 20.000 recibieron una certificación de conocimiento en idioma aymara, quechua y guaraní.

No obstante, reconoció que similar cantidad deben haber acreditado la EGPP y el Instituto de Lenguas y Culturas.

Por lo tanto, Cárdenas concluyó que los certificados con este requisito no llegan ni al 50 por ciento, lo que obliga a su despacho a instruir el seguimiento y control del cumplimiento de la norma a partir del 1 de mayo próximo.

En tanto que Aluce precisó que no se pretende actuar con radicalidad, sino de forma paulatina para que los funcionarios asuman sus responsabilidades de cumplimiento de la ley.

"El requisito fundamental es hablar un idioma obligatoriamente en un nivel básico, es decir, saber lo más elemental de un idioma nativo para tener una comunicación básica" , agregó.

Sobre la posibilidad del retiro de algún funcionario por no cumplir la norma, Aluce precisó que eso se evaluará con las jefaturas de cada repartición para que asuman inicialmente una serie de sanciones antes de tomar las medidas extremas, en cumplimiento de la normativa.

Por tal motivo, mencionó que los responsables de recursos humanos deben alertar al personal y tener un informe detallado de cuántos funcionarios cumplieron con este requisito, por lo que se lanzó una nueva convocatoria para que los funcionarios aprendan un idioma.