CARACAS, 12 jun (Xinhua) -- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió hoy la destitución de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que, según aseguró, fueron electos de forma "irregular" en diciembre de 2015.
Durante una entrevista con el medio privado Unión Radio, Ortega indicó que presentó un recurso de nulidad ante el Poder Judicial para que los 33 funcionarios sean desincorporados inmediatamente "en pro de la paz" de Venezuela.
La fiscal detalló que el proceso es en contra de los 13 magistrados principales y 20 suplentes que fueron designados por la Asamblea Nacional (AN, Congreso) dominada en ese momento (2015) por el chavismo, cuya presidencia la dirigía Diosdado Cabello.
"Yo no participé en ese proceso, yo advertí que ese proceso estaba mal hecho", afirmó la máxima autoridad del Ministerio Público, quien ha sido criticada en los últimos días por miembros del gobierno, quienes la acusan de presuntamente apoyar los hechos violentos en Venezuela.
Ortega, quien militó en las filas del chavismo, ha mantenido una posición crítica en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien solicitó "echar para atrás" el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por considerar que "acelerará" la crisis del país.
Asimismo, Ortega solicitó en días pasados, a la Sala Constitucional del TSJ, anular la convocatoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) para elegir, el próximo 30 de julio, a los 545 constituyentistas que conformarán la ANC, lo cual fue rechazado por el máximo tribunal.
En ese contexto, la fiscal venezolana cuestionó que sus peticiones "hayan sido desechadas, inadmitidas, desconocidas o negadas, sin que se produjera un pronunciamiento de fondo" .
Agregó que "la falta de legitimidad de origen de esos magistrados (33) es lo que afecta su idoneidad (del TSJ), su imparcialidad. Es, sin duda, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas, sino que, por el contrario, se encarga de profundizar la crisis".
El pronunciamiento de Ortega se produjo horas después de que el máximo tribunal consideró que su solicitud sobre el proceso Constituyente no procedió por "inepta acumulación de pretensiones".