FARC considera amenaza para la paz en Colombia fallo de Corte Constitucional

Xinhua  2017:11:17.10:30

FARC considera amenaza para la paz en Colombia fallo de Corte Constitucional

(De izq. a der.) Jorge Torres, alias "Pablo Catatumbo", Seusis Pausias Hernández, alias "Jesús Santrich", Rodrigo Granda, alias "Ricardo Téllez", Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", Julián Gallo, alias "Carlos Antonio Lozada", Griselda Lobo, alias "Sandra Ramírez", y Jairo Hernando Estrada, participan durante una conferencia de prensa sobre el fallo de la Corte Constitucional de Colombia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Bogotá, capital de Colombia, el 16 de noviembre de 2017. (Xinhua/Luisa González/COLPRENSA)

Por Sylvia B. Zárate y César Mariño

BOGOTA,16 nov (Xinhua) -- El Consejo Político del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), de la antigua guerrilla colombiana, consideró hoy que un fallo de la Corte Constitucional Colombiana amenaza los acuerdos de paz alcanzados en 2016.

La fuerza política FARC manifestó en una rueda de prensa en Bogotá fuertes reparos al fallo de la Corte Constitucional Colombiana, que excluyó de la justicia transicional a los civiles y agentes del Estado no militares de la obligación de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las inconformidades de la FARC frente al fallo tienen que ver con varios ajustes realizados por la corte sobre puntos cruciales en la implantación de la JEP, creada en el marco del proceso de paz de La Habana con la misión de juzgar los delitos cometidos por los actores del conflicto armado que se extendió por más de 50 años en Colombia.

En un comunicado leído por su dirigente Iván Márquez, la FARC se refirió al pronunciamiento del tribunal

"Pedimos respetuosamente a la Corte Constitucional que tenga presente que el acuerdo final se alcanzó con el fin primordial de acabar con el conflicto y con la impunidad derivada de la actuación de cualquier actor", dijo Márquez

"El sistema de justicia acordado con sus condicionalidades no puede alcanzar exclusivamente a uno de los muchos actores del conflicto sino a todos, hayan vestido uniforme o no, tal y como lo establece el Derecho Internacional. Que se respete el contenido de lo acordado en La Habana", añadió.

Los miembros de la FARC consideran que este pronunciamiento no contribuye al esclarecimiento de la verdad, preserva la impunidad y desprecia a las víctimas del conflicto armado que golpeó por más de medio siglo al país andino.

"En sentido estricto quedó como una justicia concebida exclusivamente para las FARC. Se estimuló el régimen de impunidad. Los fueros se extendieron a todos los aforados constitucionalmente. Quedaron liberados los agentes del Estado civiles, ministros, congresistas, fiscales, procuradores, gobernadores", explicó el ex guerrillero.

Esto constituye una "privilegiada casta de intocables. Y ni qué decir de los terceros, que también exonerados, deben estar felices", agregó Márquez.

La FARC llamó a la sociedad civil para que se manifieste en contra de lo que consideran una amenaza latente para la aplicación de los acuerdos alcanzados entre la otrora insurgencia y el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, luego de más de cuatro años de negociaciones con el respaldo de la comunidad internacional.

El también ex guerrillero de las FARC, Carlos Antonio Lozada, dijo por su parte que lo que se vive esta semana en Colombia es el incumplimiento de los acuerdos de La Habana por parte del Estado colombiano.

Este incumplimiento no perjudica sólo a los miembros de las FARC, sino a las víctimas de la guerra, a las organizaciones de Derechos Humanos y a los colombianos que han esperado tanto por vivir en un país en paz, alertó.

"El país, los sectores sociales y fundamentalmente las víctimas, las organizaciones defensoras de derechos humanos deben tener claro que lo que se configuró esta semana fue la culminación del incumplimiento total de los compromisos pactados por el Estado colombiano", precisó.

"No se le está incumpliendo a la FARC, se le está incumpliendo al país y por lo tanto nosotros invitamos y convocamos al conjunto de la sociedad colombiana a que se movilice como lo hizo posterior al 2 de octubre del año pasado en la defensa de la paz porque aquí lo que se está configurando y consolidando es el régimen de la impunidad", abundó.

Los dirigentes del recién conformado partido político aseguraron que acudirán a todas las instancias internacionales, con la finalidad de blindar todos los puntos contenidos en el acuerdo firmado hace un año en el Teatro Colón de Bogotá por ambas partes.

También manifestaron su preocupación con relación al tema de la extradición ya que, a su parecer, el pronunciamiento de la Corte Constitucional abre la vía a esta posibilidad en caso de que los ex combatientes incumplan las exigencias establecidas por el funcionamiento de la justicia transicional.

Jesús Santrich, otro miembro de la FARC, fue enfático en afirmar que este pronunciamiento y las modificaciones de la JEP en el Senado, pueden convertirse fácilmente en el comienzo del final de la era de la paz que tantos esfuerzos requirió.

"Aquí reitero lo que ha dicho Carlos Antonio, reitero lo que yo conceptué hace algún tiempo de la Corte Constitucional y sus acciones escatológicas y creo que asistimos a la crónica de una perfidia anunciada, esto como el inicio del fin de la paz", dijo Santrich.

La puesta en marcha de la JEP, que estaba programada dentro de los acuerdos de La Habana en febrero de este año, no se logró porque al Senado de la República le faltó aprobar todos los puntos contenidos en este punto específico de los acuerdos.

Sin embargo, el miércoles 15 de noviembre, después de 11 horas de debate, el Senado aprobó en una sesión plenaria el articulado de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), con algunas modificaciones.

Entre ellas, que los desmovilizados de la antigua guerrilla que aspiren a posesionarse en el Congreso deberán primero presentarse ante el Tribunal de Paz y manifestar su verdadero compromiso con la reparación de sus víctimas.

Además, aprobó un artículo que determina que los magistrados de la JEP que hayan ejercido representación judicial en procesos relacionados con el conflicto armado en los últimos cinco años no podrán ejercer su cargo.

De igual forma, se aprobó la propuesta del partido Cambio Radical, que señala que no sería posible que se posesionaran como magistrados de la JEP quienes hayan trabajado en organizaciones no gubernamentales como defensores de Derechos Humanos.

Este hecho que afecta a algunos magistrados designados para este fin, fue rechazado por la presidenta de la JEP, Patricia Linares, quien consideró inconstitucionales estas inhabilidades, como también lo hizo el ministro colombiano del Interior, Guillermo Rivera.

"No estamos de acuerdo con esa proposición y mucho menos por el artículo que fue aprobado. Nos parece que es inconstitucional", señaló el funcionario, quien aseguró que el gobierno intentará revocar la proposición en la Cámara de Representantes.

Por su parte, Jeffrey Feltman, secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, que verificó todo el proceso de paz entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC, señaló el miércoles que la comunidad internacional no aceptará el incumplimiento de los acuerdos alcanzados.