Ex presidenta argentina Fernández irá a juicio oral por presunta "asociación ilícita"

Actualizado a las 03/03/2018 - 12:15

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BUENOS AIRES, 2 mar (Xinhua) -- La justicia de Argentina elevó a juicio oral la causa por la que es investigada la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el presunto delito de "asociación ilícita", dio a conocer hoy viernes el Centro de Información Judicial (CIJ).

De acuerdo con el organismo creado por la Corte Suprema para difundir información del ámbito jurídico, la causa por la que Fernández es investigada se refiere a que presuntamente favoreció con obras públicas a empresarios allegados.

La medida fue dispuesta por el juez federal, Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de Buenos Aires, quien investiga a Fernández y a otras personas que también serán enviadas a juicio oral.

Entre estas personas de la política y el sector empresarial están el ex ministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional, Julio de Vido, así como el empresario Lázaro Báez, además de otros ex funcionarios.

Un Tribunal Oral Federal deberá fijar a partir de ahora la fecha en que comenzará el juicio.

Las actuaciones en contra de la ex presidenta y actual senadora se iniciaron el 26 de abril de 2016, ante una denuncia realizada por el titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, contra ex funcionarios centrales y provinciales.

El magistrado acusa a Fernández y a los demás de "asociación ilícita", quienes presuntamente dispusieron que la empresa Austral Construcciones (propiedad de Báez) se beneficiara con contratos millonarios para obras públicas.

La investigación busca dilucidar el presunto direccionamiento discrecional de obras viales en favor de las empresas de Báez, en un contexto de irregularidades en contrataciones y sobreprecios.

Entre 2004 y 2015, la empresa de Báez resultó la adjudicada para la realización de obras públicas por valor de 46.000 millones de pesos (unos 2.300 millones de dólares).

Sobre Fernández pesa por esta causa un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos (500 millones de dólares).

Cristina Fernández ha dicho que no es "ni amiga ni socia comercial" de Báez, a la vez que rechazó haber direccionado licitaciones a favor del empresario.

Denunció, además, que su situación judicial obedece a una "persecución política" dispuesta por el actual gobierno argentino.