LIMA, 19 mar (Xinhua) -- La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mercedes Aráoz, dijo hoy que la oposición en el Congreso busca acorralar al mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, quien es sometido a una moción de vacancia presidencial (destitución).
Según la jefa del Gabinete ministerial, algunos sectores filtraron de manera malintencionada información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre movimientos bancarios de Kuczynski.
El jueves pasado se difundió a través de las redes sociales de internet un informe de la UIF sobre supuestas transferencias de dinero que realizó Kuczynski al vocero del oficialista partido Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, en 2007, y al chofer del Palacio de Gobierno, José Luis Bernaola, de 2005 a 2016.
Aráoz calificó esta filtración de una operación "psicosocial", que tiene la finalidad de perjudicar al presidente peruano con la clara intención de afectar su moral.
Subrayó que entre las intenciones de la oposición política en el Congreso se encuentra la búsqueda de su renuncia, pero la respuesta del gobernante fue la negativa porque defiende su honorabilidad.
Aráoz reiteró que la acción de tratar de acorralar al presidente y filtrar información financiera personal está encaminada a un "golpe de Estado parlamentario".
La presidenta del Consejo de Ministros agregó que se busca cerrar el círculo con la moción de la vacancia presidencial, una petición promovida por un conglomerado en el Congreso, entre los que se encuentran varios partidos políticos.
La petición de vacancia contra Kuczynski fue aprobada el pasado 15 de marzo con el voto favorable de 87 parlamentarios, al alegar como causal una "incapacidad moral" del gobernante por sus presuntos vínculos con el consorcio brasileño Odebrecht.
La oposición legislativa busca por segunda vez la vacancia presidencial por supuestos pagos que realizó Odebrecht a la empresa de Kuczynski, Westfield Capital, en el periodo 2004-2007.
El Congreso peruano determinó la sesión para los debates de la vacancia presidencial el próximo 22 de marzo, cuando el gobernante y su representante legal podrán defenderse de las acusaciones.