QUITO, 28 jun (Xinhua) -- Legisladores afines al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien reside en Bélgica, le pidieron hoy que no regrese al país el próximo 2 de julio, cuando debe presentarse ante la justicia por un caso de intento de secuestro a un político opositor al que fue vinculado.
El pedido lo hizo la bancada de legisladores del llamado movimiento "Revolución Ciudadana", afín a Correa, en la Asamblea Nacional (Congreso unicameral).
El grupo justifica su pedido para precautelar la seguridad física del ex mandatario, quien gobernó el país sudamericano entre 2007 y 2017, debido a que supuestamente no existe un debido proceso.
"Ante las evidentes acciones judiciales de persecución política, hacemos una solicitud expresa y pública al compañero Rafael Correa, para que no asista a la diligencia", del 2 de julio, dijo en rueda de prensa la legisladora Gabriela Rivadeneira.
"Le hacemos una exigencia a nuestro militante (Correa) para que no se preste a esta emboscada contra su seguridad", abundó la también ex presidenta de la Asamblea Nacional.
El pasado 18 de junio, la juez penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Daniela Camacho, dispuso la presentación periódica del ex presidente Correa ante la justicia en el marco de una investigación por el presunto intento de secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, Colombia, en agosto de 2012.
La medida fue dispuesta luego de que se vinculó al ex mandatario en este caso por pedido del fiscal general del Estado encargado, Paúl Pérez.
El funcionario dijo entonces que se obtuvieron "suficientes elementos" para solicitar la vinculación de Correa, a raíz de declaraciones de ex funcionarios, quienes indicaron de dónde provinieron las órdenes para el cometimiento del presunto intento de secuestro de Balda.
Los legisladores afines a Correa sostienen que las acciones del fiscal Pérez "carecen de legitimidad y legalidad para dar goce a un debido proceso", además, existirían una serie de inconsistencias para vincular al ex mandatario por asociación ilícita y secuestro.
La defensa del ex presidente solicitó recientemente a la juez Camacho revisar la medida cautelar que dictó en su contra, pero el pedido aún no ha sido tramitado.
Correa ha rechazado el proceso en su contra señalando que es "inconstitucional", ya que "no tienen ninguna prueba", por lo que "nunca podrán probar nada, porque no existe".
Por el caso, otras cinco personas han sido vinculadas en las investigaciones, entre ellas, tres agentes de inteligencia, quienes se encuentran en prisión preventiva, además del ex secretario de Inteligencia, Pablo Romero, y el ex comandante general de la Policía, Fausto Tamayo.
La instrucción fiscal (presentación de pruebas acusatorias) dentro de este caso se prolongará hasta el próximo 18 de julio.