QUITO, 30 oct (Xinhua) -- El gobierno de Ecuador ratificó hoy la legalidad del protocolo que regula las visitas, comunicaciones y atención médica al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde 2012.
La cancillería de Ecuador indicó en un comunicado que la legalidad del protocolo fue confirmada el lunes por la juez ecuatoriana, Karina Martínez, quien rechazó la acción de protección presentada por los abogados de Assange, para dejar sin efecto dicho documento.
La juez rechazó el recurso por considerarlo "improcedente", al término de una audiencia en la que el propio Assange dio su testimonio mediante videoconferencia.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores da la bienvenida al pronunciamiento emitido el 29 de octubre por la magistrada Karina Martínez", señaló la cancillería en el comunicado.
Agregó que la decisión judicial "ratificó que el Protocolo (...) guarda armonía con los derechos humanos, se ajusta plenamente al derecho de asilo y a la ley nacional, y emana de la facultad soberana del Estado ecuatoriano de otorgar o retirar el asilo".
Se ajusta además a la facultad "de arbitrar las medidas que garanticen tanto los derechos del señor Assange como el cumplimiento de sus obligaciones como asilado".
La cancillería detalló que en el Protocolo Especial, emitido a mediados de este mes, se "restablece el acceso del señor Assange a las comunicaciones", las cuales fueron suspendidas en marzo pasado.
"Se le advierte que en su condición de asilado y de acuerdo con los tratados internacionales que rigen la materia, no podrá hacer ningún tipo de declaraciones, difusiones o pronunciamientos que interfieran con otros Estados o que puedan afectar los intereses de Ecuador", precisó.
La cancillería reiteró la firme adhesión del gobierno ecuatoriano a las pertinentes normas del derecho nacional e internacional que rigen el asilo.
Señaló que por lo tanto hará cumplir esas normas en defensa del interés nacional y conforme al debido proceso en lo que respecta al caso Assange.
"Ecuador demandará del asilado el respeto a la soberanía y al buen nombre del país", subrayó la cancillería.
Advirtió, además, que el país "no permitirá afirmaciones o insinuaciones gratuitas que falten a la verdad sobre la conducta del Gobierno Nacional en lo tocante al asilo diplomático que le ha sido otorgado, en ejercicio de una prerrogativa del Estado ecuatoriano".
Assange y su defensa, liderada por el ex juez español Baltazar Garzón, consideran "arbitrario" el protocolo, porque a su juicio viola los derechos y libertades fundamentales del también programador informático, lo que el gobierno niega.
El procurador general de Ecuador, Iñigo Salvador, y el canciller, José Valencia, demandados ambos en la acción de protección planteada por Assange, señalaron que el protocolo busca garantizar la "convivencia armónica" de Assange en la embajada en Londres.
Tras recalcar que se trata de una decisión "soberana" de Ecuador, Valencia afirmó que este protocolo "solamente garantiza derechos del señor Assange, de los funcionarios ecuatorianos que trabajan en la embajada ecuatoriana en Londres".
Garantiza, asimismo, "el derecho del Estado ecuatoriano a que no haya ninguna interferencia en otros Estados que pueda afectar las relaciones del Ecuador con otros Estados".
Assange, de 47 años, se refugió en la embajada ecuatoriana en Reino Unido para evitar ser extraditado a Suecia y ser interrogado por supuestos delitos sexuales, que él niega.
Aunque la justicia sueca cerró el caso en mayo pasado al no poder avanzar en la investigación, Reino Unido mantiene vigente una orden de detención en caso de que Assange abandone la embajada.
El activista, a quien Ecuador le concedió la nacionalidad ecuatoriana en diciembre de 2017, teme ser entregado a Estados Unidos donde podría ser juzgado por espionaje al publicar en el sitio WikiLeaks miles de documentos filtrados de información confidencial de ese país.