BRASILIA, 19 dic (Xinhua) -- La defensa del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), efectuó hoy una solicitud de libertad ante la justicia federal en Curitiba, tras la decisión provisional del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, de suspender la prisión a condenados en segunda instancia y determinar su liberación.
La medida provisional fue determinada este miércoles por el juez Marco Aurelio Mello, mientras que la solicitud de los abogados de Lula será analizada por la juez Carolina Lebbos de la 12 Sala Federal en Curitiba.
Lula da Silva está preso desde el 7 de abril pasado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.
El ex mandatario brasileño fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, que le impuso una pena de 12 años y un mes de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
El político fue condenado por haber recibido un departamento en la ciudad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, por parte de la constructora OAS a cambio de favorecerla en contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Aurelio Mello determinó la liberación de presos en segunda instancia, acción que no es inmediata, pues corresponde a cada defensa pedir que el juez responsable cumpla la decisión provisional.
De acuerdo con la decisión del STF, se debe respetar el artículo 283 del Código de Proceso Penal, que establece que la prisión sólo puede ocurrir después del tránsito en juzgado, es decir, cuando no caben más recursos dentro del proceso.
La decisión del magistrado se produce dos días después de que el presidente del STF, Dias Toffoli, marcó para el 10 de abril del año próximo juzgar el tema.
En esa fecha serán analizados tres recursos que piden la prohibición de cárcel tras condena en segunda instancia, en virtud del principio de presunción de inocencia.
El principal argumento de esas acciones es que el artículo 5 de la Constitución brasileña define que "nadie será considerado culpable, hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria".
Desde el 2016, el STF entiende que la prisión es posible después de la condena en segunda instancia, aunque las acciones presentadas al Tribunal apuntan a cambiar ese entendimiento.
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