Cuba reacciona a la activación total de la Ley Helms-Burton
Imagen del 1 de mayo de 2019, de una mujer sosteniendo un cartel durante un desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, en La Habana, Cuba. Políticos, funcionarios y académicos cubanos han reaccionado con enérgico rechazo a la activación total por parte de Estados Unidos de la Ley Helms-Burton, que desde 1996 codifica el entramado legal del bloqueo impuesto a la isla hace más de medio siglo por la Casa Blanca. (Xinhua/Joaquín Hernández)
Por Raúl Menchaca
LA HABANA, 5 may (Xinhua) -- Políticos, funcionarios y académicos cubanos han reaccionado con enérgico rechazo a la activación total por parte de Estados Unidos de la Ley Helms-Burton, que desde 1996 codifica el entramado legal del bloqueo impuesto a la isla hace más de medio siglo por la Casa Blanca.
"La aplicación de la Helms-Burton no detendrá la marcha de los cubanos", escribió en la red social Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel, uno de los primeros en pronunciarse contra la puesta en vigor hace tres días del Título III de dicha legislación.
Ese párrafo abrió la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses establezcan demandas en las cortes norteamericanas contra personas o compañías que "trafiquen" con propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.
El propósito de la normativa estadounidense, agregó el mandatario, es asfixiar la economía e imposibilitar el desarrollo de la isla, atacar a la soberanía de terceros países, y destruir a la Revolución Cubana.
También el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció el carácter ilícito de la Ley Helms-Burton, que calificó de violatoria del derecho internacional, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico.
"Cuba protegerá a las entidades cubanas y extranjeras que operan en el país, y considera nula toda reclamación amparada en este engendro jurídico", enfatizó Rodríguez en su cuenta en Twitter.
Dos destacados juristas cubanos, Luis Solá y Rodolfo Dávalos, coincidieron en calificar esa legislación de una expresión genocida de la política del actual gobierno de Estados Unidos contra Cuba, basada en resucitar la vieja Doctrina Monroe que preconiza que "América es para los norteamericanos".
"Es el principal obstáculo para avanzar en la normalización de los vínculos bilaterales, y viola principios elementales del derecho internacional como la soberanía de los Estados y su derecho a comerciar libremente", explicó Solá, quien es titular de la Asociación Cubana de Derecho Internacional.
Por su parte, Dávalos, quien preside la Asociación Cubana de Derecho Mercantil, argumentó que la Ley Helms-Burton, "como el bloqueo, no sólo es injusta, sino que además es ilegal por la extraterritorialidad exorbitante que pretende aplicarla al mundo entero".
"Eso la convierte en un acto de guerra con ropaje de derecho", apuntó el jurista.
"Ley de la Esclavitud: así la llamó Fidel (Castro)", recordó el ex canciller Ricardo Alarcón de Quesada, quien además fuera presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral).
Alarcón subrayó que "por obra y gracia de ese engendro jurídico, Cuba es el único país respecto al cual rige una ley de una nación extranjera que dice 'Tú no existes, no tienes soberanía ni derecho a la independencia, yo gobierno sobre ti'".
La Ley Helms-Burton fue promulgada en 1996, con Bill Clinton en la Casa Blanca, pero durante 23 años sucesivas administraciones de Estados Unidos dejaron en suspenso la aplicación del Título III para evitar conflictos con terceros países.
Las autoridades de Cuba sostienen que esa legislación es inaplicable en la mayor de las Antillas, porque es una ley estadounidense y, por tanto, su jurisdicción, su espacio de aplicación, es en la nación norteña.
Tras la promulgación de la Ley Helms-Burton, el Parlamento de la isla aprobó en el mismo año la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, que califica a esa legislación estadounidense de "ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno", al tiempo que considera nula toda reclamación amparada en dicha normativa.
La compañía estadounidense de cruceros Carnival Cruise Lines, que realiza viajes regulares a la isla, se convirtió en la primera imputada tras la activación del Título III de la controversial ley el pasado 2 de mayo.
En un tribunal federal de la ciudad estadounidense de Miami, Javier García-Bengochea y Mickael Behn interpusieron el jueves dos acciones legales contra la compañía con sede en el estado de La Florida (sur), donde piden reparaciones por asegurar que son los supuestos dueños de los puertos de Santiago de Cuba y La Habana.