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Fiscalía de Ecuador acusa a ex presidente Correa y otras 21 personas de cohecho

QUITO, 11 nov (Xinhua) -- La Fiscalía de Ecuador acusó hoy lunes de cohecho al ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa (2007-2017); al ex vicepresidente, Jorge Glas, y a otras 20 personas, dentro de un caso de corrupción relacionado con aportes irregulares al movimiento oficialista Alianza PAIS, cuando el ex mandatario era su líder.

La fiscal general Diana Salazar presentó ante la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, a cargo del proceso, los primeros elementos de convicción en contra de 24 personas procesadas en este caso, informó la Fiscalía en un comunicado.

De los 24 procesados, 22 fueron acusados por la fiscal en calidad de autores y dos como cómplices.

El pronunciamiento de la fiscal se dio en el marco de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se llevó a cabo este lunes en la CNJ, en Quito.

Entre los procesados están ex funcionarios públicos, incluyendo a Correa, radicado en Bélgica, a Glas, así como empresarios, quienes son investigados por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias dentro del denominado caso "Sobornos 2012-2016".

El caso está relacionado con denuncias de supuestos aportes irregulares al movimiento Alianza PAIS, del cual Correa era líder.

Dichos aportes habrían sido realizados por compañías nacionales y multinacionales extranjeras, como la constructora brasileña Odebrecht.

Según la Fiscalía, dentro de esta trama de corrupción, presuntamente empresarios o intermediarios entregaban dinero, ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas, a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.

De acuerdo con la Fiscalía, la fiscal Salazar decidió impulsar el caso únicamente por el delito de cohecho, que no prescribe y que se encuentra tipificado desde el anterior Código Penal del país y se juzga en ausencia.

El delito de cohecho está sancionado en Ecuador con una pena de tres a cinco años de cárcel.

Al exponer los hechos investigados, la fiscal Salazar señaló que se "determinó que entre los procesados se formó una estructura integrada por funcionarios públicos, cuyos roles facilitaron la obtención de recursos de manera irregular por parte de empresarios, para el otorgamiento de contratos con el Estado".

Subrayó que estas adjudicaciones se efectuaban a través de cartas de invitación directas y sus pagos por medio de la modalidad de convenios de pago, figura que en materia de contratación pública no existe, precisó la Fiscalía.

Hasta el momento, la Fiscalía ha presentado 26 de los 587 elementos de convicción que existen sobre este caso, cuya audiencia se reinstalará mañana martes.

Previamente, la jueza Camacho declaró la validez de todo lo actuado en el proceso al desechar los alegatos de las defensas de los 24 procesados en este caso, quienes pedían la nulidad.