LA PAZ, 15 sep (Xinhua) -- La comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia rechazó hoy martes la consulta sobre la constitucionalidad de la Ley de Estados de Excepción presentada por Jeanine Áñez, líder del gobierno interino apoyado por la oposición.
La ley, sancionada por la Asamblea Legislativa en junio pasado, fue rechazada por el gobierno interino, y ante esa situación el 25 de julio la presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó la Ley Regulatoria de los Estados de Excepción en el país. Ante esto, Áñez presentó una consulta para impedir su vigencia.
La norma otorga poderes a la Asamblea Legislativa por encima del Poder Ejecutivo, y establece que militares y policías serán responsables por sus actos y órdenes.
El Tribunal Constitucional argumentó su rechazo al recurso gubernamental porque la consulta realizada carece de legitimación, porque la norma sancionada en el Legislativo no emergió del Poder Ejecutivo.
Asimismo, el TCP comunicó que decidió levantar la medida cautelar que había dejado en suspenso la promulgación de esa norma y su publicación en la Gaceta Oficial.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dijo este martes a los periodistas que esta medida legal ingresa en vigencia, y su oposición puede generar responsabilidades en el Poder Ejecutivo.
Consideró necesaria una ley que regule el estado de excepción para evitar abusos de las fuerzas del orden (militares y policías).
Ante esta situación, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció este martes que el gobierno interino interpondrá un recurso de queja después de que el Tribunal Constitucional rechazó la consulta sobre la constitucionalidad de la Ley de Estados de Excepción.
Núñez criticó la actitud del TCP, y pidió que analice de fondo esta medida, que según la autoridad, es equivocada.
Antes de este rechazo, la instancia judicial ya había rechazado otras tres consultas, la de las leyes de reducción excepcional de alquileres, la de donación de plasma y la de atención gratuita en clínicas privadas para pacientes COVID-19.
La norma señala que el estado de excepción en Bolivia se considera cuando se "constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses", del país.
Asimismo, establece que los miembros de las fuerzas del orden podrán ser procesados y sancionados administrativa, civil y penalmente por los actos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, mientras que los infractores serán multados con el 10 por ciento del salario mínimo nacional y se prohíben las restricciones a la libertad física.
Además, precisa que "los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos que emitan de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción".
(Web editor: 周雨, 赵健)