La Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado de prensa, hizo conocer hoy que Bolivia ha pedido a Brasil que niegue al exfiscal Marcelo Sosa la condición de refugiado.
La Fiscalía presentó, a través de la Cancillería, ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil los expedientes de procesos penales contra Soza para respaldar el pedido de negociación de refugio político a la exautoridad, quien estuvo al frente de la investigación y acusación en el caso Terrorismo.
El fiscal General, Ramiro Guerrero, explicó que los expedientes muestran la instauración de procesos penales contra el exfiscal antes de su huida a Brasil y, en consecuencia, de la solicitud y aceptación de refugio político temporal, alegando persecución política.
Según el documento, el objetivo de la demanda es lograr que el exresponsable de la investigación del caso Terrorismo que involucró a varios políticos, cívicos y empresarios en Santa Cruz (este), retorne a Bolivia para que asuma su defensa por una serie de delitos por los que está acusado.
"Se recurre al Conare con el fin de hacer conocer que el exfiscal Soza tiene procesos penales en su contra, anteriores a la solicitud de concesión de refugio, razón por la que se adjuntan las pruebas que respaldan lo aseverado", señala en el documento el fiscal Guerrero.
El Ministerio Público le ha iniciado a Soza tres procesos penales por los delitos de uso indebido de influencias, extorsión, cohecho pasivo de jueces e investigadores y prevaricato. A través de la Cancillería del Estado, el Conare brasileño ha recibido documentos que respaldan los procesos en contra del exfiscal.
El 16 de abril de 2009, durante una intervención policial en el hotel Las Américas de la capital cruceña, fueron victimados Jorge Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés.
Esta operación fue justificada por el gobierno que argumentó que los extranjeros respondían a intereses de opositores políticos de Santa Cruz y planificaban un atentado contra el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
La investigación del asunto, conocida como caso Terrorismo, fue encabezada por el entonces fiscal Marcelo Soza, que luego se alejó del proceso por supuestas amenazas que recibió su familia.
En marzo de este año, luego de declararse perseguido político del gobierno de Evo Morales, Soza fugó del país y desde entonces goza de un refugio provisional emitido por el Conare de Brasil.