El gobierno ecuatoriano responderá a la Comunidad Andina (Can) sobre la resolución que cuestiona controles a sus importaciones, ratificada el pasado 18 de agosto, afirmó hoy el ministro de Industrias y Productividad de Ecuador, Ramiro González.
"Nosotros vamos a analizar el documento que llegó ayer (19 agosto) de la Can. Están los abogados y técnicos del Comex para abordarlo, y yo creo que esta misma semana podremos dar la respuesta", dijo el ministro a periodistas en la capital del país.
El Comité de Comercio Exterior (Comex) es el organismo ecuatoriano que aprueba las políticas públicas en materia comercial.
El día 18 de este mes, la Secretaría General de la Can (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) ratificó la resolución 1695 de junio, al considerar una restricción al comercio subregional que rige desde 2013.
La disposición abarca más de 200 productos pertenecientes a los sectores de agroindustria, cosméticos, higiene, limpieza, plásticos, manufacturas, químicos y juguetes.
El pronunciamiento de la Can se basa en una investigación iniciada en abril pasado relativa a la resolución ecuatoriana.
La investigación concluyó que era restrictiva al comercio, por lo que dio un plazo de 15 días para que Ecuador informe del levantamiento de las restricciones.
Quito rechazó la medida, por lo que en julio pasado presentó un recurso de "reconsideración", el cual fue negado por la Secretaría General de la Can en su fallo del pasado 18 de agosto.
La entidad declaró "infundado el recurso de reconsideración" y procedió a informar el cierre del caso, con el argumento de que no existe la posibilidad de una nueva solicitud de "reconsideración".
González aseveró que Ecuador aún tiene opciones para "apelar" la resolución de la Can o plantear su nulidad.
"Tenemos algunos mecanismos como plantear la nulidad ante el Tribunal Andino de Justicia. Los abogados del Comex están analizando el tema para elaborar la respuesta. Tenemos un mes para resolverlo", apuntó.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró recientemente que su país defenderá el derecho a aplicar las "normas técnicas que crea necesarias para defender el bienestar de sus ciudadanos".