El gobierno de Perú lanzó un medida de "shock" con el fin de prevenir actos de corrupción en este país, tanto en las instituciones públicas centrales como en las regionales y locales, anunció hoy la Contraloría General de la República (CGR).
La entidad, encargada de fiscalizar la transparencia en la administración pública, precisó que como parte de esta medida, el próximo 3 de noviembre se instalarán 270 auditores en 54 instituciones gubernamentales, que incluyen 25 gobiernos regionales, 23 municipales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La CGR detalló que los denominados Organos de Control Institucional (OCI) cuentan con 3.000 personas encargadas de velar por la buena marcha de las entidades públicas.
En este sentido, indicó que se trabaja en el diseño e implementación de herramientas para asegurar un proceso de transferencia entre administraciones sucesivas.
La Contraloría también ha presentado al Congreso de este país un paquete de proyectos de ley anticorrupción con la finalidad de disuadir y sancionar las irregularidades en la administración pública, aplicando penas efectivas contra este delito.
Perú enfrenta un reto muy grande en el combate contra este flagelo, y es simbólico el hecho de que el ex presidente Alberto Fujimori se encuentre preso por delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad cometidos durante sus 10 años de gobierno (1990-2000).
Los datos estadísticos de la Procuraduría Anticorrupción dan cuenta de procesos contra ex presidentes como Alan García (2006-2011), el ex ministro de Justicia Aurelio Pastor -recientemente condenado a cuatro años de prisión-, y 1.841 alcaldes investigados a nivel nacional por actos contra la administración pública.