La comisión de expertos encargada de revisar la Ley Antiterrorista de Chile entregó sus propuestas al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y al de Justicia, José Antonio Gómez, para ser modificada, informó hoy Juan Pablo Hermosilla, quien encabazó este grupo.
El abogado Hermosilla indicó a la prensa que ambos funcionarios se comprometieron a analizar a detalle cada uno de los planteamientos hechos por los juristas y presentar en breve un proyecto de ley ante el Congreso Nacional de Chile.
Recordó que el gobierno decidió modificar la legislación vigente promulgada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990), debido a los recientes atentados con bomba en Santiago y Viña del Mar, con saldo de una persona muerta y decenas de heridos.
Hermosilla explicó que las propuestas presentadas por los expertos, servirán "para que el gobierno elabore una nueva normativa que se base en un modelo moderno, actual, democrático y equilibrado de sanción de estos delitos".
Esta comisión analizó "todo tipo de actos que comúnmente se entienden como terroristas" y propuso incluir en ella el llamado "terrorismo individual".
El abogado comentó que también acordaron con el gobierno "no comunicar demasiado el contenido "de las propuestas" para darle espacio a la etapa política, es decir, que el gobierno analice estas ideas a fondo y vea cómo se transforman en un proyecto de ley".
En los últimos cuatro meses se detectó "que prácticamente nadie defendía la ley antiterrorista actual, ni en lo conceptual ni desde el punto de vista práctico", comentó.
"Empezamos a buscar modelos alternativos y nos dedicamos a estudiar la legislación de otros países: anglosajones, latinoamericanos y europeos", comentó, en particular la legislación española, italiana y alemana.
Dijo que con ese enfoque se buscó tener una nueva visión sobre la penalización de estos delitos y se asumió que no sólo fuera eficaz, sino una "legislación legítima, propiamente democrática", a diferencia de la anterior.
A juicio del jurista, la nueva ley debe equilibrar la seguridad pública y el sistema democrático, mediante la protección de los derechos de los ciudadanos frente al Estado.