PANAMA, 20 oct (Xinhua) -- Tres jueces de garantías determinaron hoy en la sede de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá la separación del cargo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada.
La decisión se tomó en medio de un proceso que plantea dudas sobre la forma en la que Moncada adquirió dos apartamentos por 1,7 millones de dólares.
La mañana de este lunes comenzó la audiencia en la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) de Panamá, en la cual se determinó el arresto domiciliario para Moncada, el impedimento de salida del país y la retención cautelar de sus bienes.
La decisión se anunció al tomar en cuenta lo solicitado por Pedro Miguel González, miembro del tradicional Partido Revolucionario Democrático (PRD), en calidad de fiscal del caso, y los señalamientos sobre el supuesto enriquecimiento injustificado, lavado de dinero, documentos falsificados y corrupción pública en la que supuestamente incurrió el magistrado.
Los jueces no admitieron, sin embargo, una solicitud que cursó el fiscal en busca del allanamiento a la brevedad posible de las oficinas de Moncada, quien fungió durante cerca de dos años como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En una reunión tras concluir la audiencia, Moncada anunció que comprobará la procedencia lícita de los pagos que recibió, ante lo cual solicitó que se le permitan presentar las pruebas.
"Verán que lo que se está haciendo no es justo en un sistema democrático. Se me ha puesto casa por cárcel y la ley dice que eso sólo lo puede decidir el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados", agregó al acusar al fiscal de violar la ley.
Moncada atribuyó su separación del cargo de magistrado a una motivación política.
"Me han violado todas las garantías. ¿Cómo me pueden tomar medidas cautelares cuando no me han escuchado? Aquí han violado la Constitución (panameña)", subrayó, al admitir que enfrente un dilema para organizar su defensa ahora que tiene arresto domiciliario.
Analistas en medios locales de comunicación consideraron histórico el procedimiento realizado, con la aplicación de un nuevo sistema acusatorio.
El proceso se lleva a cabo en momentos en que diferentes organizaciones reclaman mayor celeridad en los procesos judiciales del país.
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