SANTO DOMINGO, 1 nov (Xinhua) -- República Dominicana rechazó hoy el llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para acatar el fallo sobre "expulsiones sumarias" que, según el organismo, ejecutó hace 15 años en perjuicio de dominicanos de ascendencia haitiana.
Resulta "inaceptable" la exigencia de la CIDH, señaló a través de las redes sociales en internet el portavoz de la Presidencia de República Dominicana, Roberto Rodríguez Marchena.
La semana pasada la CIDH falló que República Dominicana llevó a cabo privaciones "ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de dominicanos y haitianos de República Dominicana a Haití, incluidos niños", de 1999 al año 2000.
Según el organismo, los documentos de identidad de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades al momento de la expulsión y , en otros casos, las víctimas nacidas en territorio dominicano no estaban registradas o no contaban con documentación que acreditara su nacionalidad.
Por tal razón, la CIDH demandó a las autoridades dominicanas adoptar las medidas necesarias para que las víctimas sean debidamente registradas y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicanas.
Además, el organismo exigió al país dejar sin efectos las investigaciones administrativas y los procesos judiciales civiles y penales en curso vinculados a sus registros y documentación; y adoptar las medidas necesarias para que una víctima haitiana pueda residir o permanecer en forma regular en territorio dominicano.
En respuesta, el gobierno dominicano calificó la decisión de la CIDH como "extemporánea, sesgada e inoportuna" y ratificó su adhesión a la Convención de La Haya que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales, principio que dijo "es innegociable para el Estado dominicano".
"Nadie está obligado a lo imposible", dijo este sábado el portavoz de la presidencia dominicana en su cuenta de Twitter.
La CIDH también criticó la semana pasada el incumplimiento del Estado dominicano de adoptar disposiciones de derecho interno, respecto a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que el año pasado fijó las condiciones para poder asumir la nacionalidad dominicana.
Según el organismo, República Dominicana debe adoptar las medidas necesarias para evitar que esa sentencia y una ley que establece régimen especial para personas nacidas en el país e inscritas de forma irregular, y sobre naturalización, continúen produciendo efectos jurídicos.
La CIDH llamó a las autoridades dominicanas a adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma que establezca que la estancia irregular de padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a los niños nacidos en territorio nacional.
También pidió asegurar que todas las personas nacidas en República Dominicana puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento, independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres.
El Tribunal Constitucional dominicano dictaminó el año pasado que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, no puede ser dominicana debido a que nació de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" (sin residencia legal) la excluye de optar por ese derecho.
La sentencia también dispuso determinar la validez o nulidad de las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana y ordenó realizar una auditoría de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha, para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.
La decisión del TC enfrentó primero a la sociedad dominicana, quienes consideraron discriminatoria la resolucion, y quienes destacaron su carácter reivindicativo de la soberanía nacional.
Luego encontró el rechazo de su vecino Haití, y de la comunidad internacional, que temieron que la medida pudiera perjudicar a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana, y a miles de inmigrantes haitianos que viven en territorio dominicano.
El fallo de la CIDH fue criticado también la semana pasada por legisladores de varias bancadas y por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la principal organización opositora, cuyo líder, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que la soberanía nacional es sagrada e innegociable y que el dictamen no es vinculante ni tiene efecto jurídico.
El Movimiento Izquierda Unida pidió que el país se retire de la CIDH.
Sin embargo, una organización defensora de los derechos humanos, el Centro Bonó, señaló que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una gran oportunidad para que el Estado dominicano garantice la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto de su dignidad.
La sentencia del Tribunal Constitucional derivó este año en un plan de regularización de extranjeros nacidos en el país de padres en condición irregula, en un programa paralelo dirigido a extranjeros que ingresaron de manera irregular o que ya excedieron el tiempo por el cual fueron autorizados a permanecer en República Dominicana.
El gobierno dominicano ha advertido que los indocumentados que no se acojan a los programas tendrán que dejar el país, conforme se cumplan los plazos establecidos para cumplir el proceso.
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