Privatización de patrimonio cultural desata críticas en Perú

Actualizado a las 27/09/2015 - 15:56

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LIMA, 26 sep (Xinhua) -- La reciente emisión de un decreto legislativo en Perú autorizando la privatización del patrimonio cultural ha provocado el rechazo de la sociedad y las autoridades locales de este país andino, que cuenta con una riqueza cultural de más de 5.000 años de historia.

El decreto sancionado por el presidente peruano, Ollanta Humala, establece que el Ministerio de Cultura tendrá la facultad de otorgar a entidades privadas la administración de los centros arqueológico y otros bienes culturales peruanos por un período de hasta 10 años.

Ante esta medida, el director de Cultura de la ciudad surandina de Cusco, Ricardo Ruiz, manifestó su preocupación por el impacto que podría tener en el patrimonio cultural de origen inca presente en esta región surandina, antingua capital imperial de la civilización incaica.

El funcionario precisó que una de las primeras medidas que adoptará su gestión al frente de la oficina cultural de esta región será demandar su participación en el proceso de reglamentación de la cuestionada ley.

La reglamentación de la norma legal tendrá un período aproximado de 90 días, durante el cual se afinarán los efectos que tendrá en la sociedad peruana en materia de administración de los bienes culturales.

Ruiz, preocupado por el riesgo de que algunos complejos arqueológicos incas y de otras culturas prehispánicas pasen a manos privadas, demandó la exclusión de todos los bienes culturales que se encuentran dentro del territorio de su región.

El director cultural también adelantó que en coordinación con otras autoridades regionales preparan un documento que será enviado al Ministerio de Cultura, donde se solicitará la exclusión de los bienes de esta capital imperial.

Asimismo, Ruiz subrayó que en los próximos días diferentes organismos y autoridades de esta región convocarán a una reunión previa para elaborar una propuesta para cautelar la riqueza cultural milenaria que posee este país.

Con respecto a esta situación, el alcalde de la ciudad imperial del Cusco, Carlos Moscoso, también manifestó su rechazo a la nueva ley de privatización de los complejos arqueológicos de este país.

El funcionario municipal afirmó que la concesión de administración de estos bienes culturales se quiere hacer bajo la figura de convenios culturales, pero en realidad se trata de un proceso de privatización.

Moscoso anunció que el próximo 5 de octubre las diferentes instituciones sociales y profesionales del Cusco, incluidos los colegios profesionales sostendrán una reunión preliminar para evaluar el alcance de esta medida legal.

El alcalde, entre otras propuestas, exhortó a las autoridades de este país a replantear la nueva ley porque atenta contra la riqueza cultural de Perú.

Al respecto, el presidente de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Wilfredo Alvarez, se sumó a la preocupación y exigió el respeto a la Ley General del Patrimonio Cultural que actualmente regula el manejo de estos bienes.

El dirigente laboral de esta región coincidió con las autoridades locales de que con la nueva ley se está promoviendo un amplio proceso de privatización que atenta contra la esencia cultural de todos los peruanos.

Alvarez puntualizó que durante la reunión de representantes de la sociedad civil de esta región se busca generar medidas alternativas que contribuyan a la preservación del patrimonio peruano.

Otra de las autoridades provinciales que se pronunció fue el gobernador de la región Cusco, Edwin Licona, quien rechazó de manera enérgica la entrada en vigencia de esta norma y recordó que la Constitución peruana garantiza la preservación de los bienes culturales de este país porque los considera intangible, inalienable e imprescriptible.

El gobernador enfatizó que su despacho trabajará para presentar una iniciativa legislativa demandando la derogatoria de la nueva ley por considerar que en manos de empresas privadas se vulnera los bienes culturales peruanos.

Subrayó que de acuerdo a las leyes peruanas el patrimonio cultural e histórico de este país se encuentra bajo la administración exclusiva del Estado peruano para garantizar su defensa, porque representa la identidad de este país.

Licona sostuvo que su gobernación asumirá medidas legítimas de defensa del patrimonio cultural de su región, una localidad ubicada a 1.151 kilómetros de Lima donde se encuentra la ciudadela inca de Machu Picchu y otros monumentos históricos heredados de la civilización inca.

En el año 2008, durante el gobierno del entonces presidente Alan García, las autoridades y sociedad civil del Cusco también salieron a las calles para demandar la derogación de la llamada "ley antipatromonio" que permitía la construcción de hoteles de cinco estrellas en sitios arqueológicos, norma que finalmente fue derogada.