Chile emprende consulta para nueva Constitución

Actualizado a las 11/12/2015 - 09:23

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Chile comenzó un proceso de consulta ciudadana para la elaboración de la nueva Constitución, en sustitución a la actual promulgada en 1980 por el entonces régimen militar.

La propuesta de una carta fundamental, nacida en democracia y que sea producto de una discusión amplia y diversa y que recoja los cambios que Chile ha vivido en las últimas décadas, está recogida en el Programa de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

"En nuestro territorio conviven muchas culturas, con sus propias tradiciones, creencias, expresiones artísticas y miradas del mundo. Esta heterogeneidad es parte de la riqueza que tiene nuestro país. Es por esto que necesitamos una Constitución que reconozca nuestra multiculturalidad", afirma el documento.

La mandataria puso en marcha el proceso de consulta destinado a contar con una Carta Magna debatida y aprobada por la ciudadanía, creando el Consejo Ciudadano de Observadores para monitorizarlo y dar garantía de participación popular.

Chile registra ocho cartas constitucionales en su historia, las dos primeras elaboradas en el proceso independentista de España, en 1812 y 1818 (cuando se proclama la independencia) y en la etapa de la república, 1822; 1823; 1828; 1833; 1925; y la de 1980, que fue la última, suscrita por el general Augusto Pinochet.

Esta Carta fue redactada por un grupo de abogados designado por el régimen militar, sin consulta ciudadana, cuando estaba clausurado el Congreso, tras el golpe de Estado contra el ex presidente Salvador Allende en 1973, y en la que incorporó el modelo neoliberal y autoritario.

En 2005 se hicieron importantes cambios a la Carta Magna, como el que las fuerzas armadas se volvieran a estar subordinadas al presidente, sin embargo se mantuvieron ejes autoritarios que no responden a conceptos realmente democráticos y a derechos sociales y ciudadanos.

Durante el segundo gobierno de Bachelet se eliminó el "sistema electoral binominal", el cual favoreció a los partidos de derecha en las elecciones parlamentarias.

El actual proceso de consulta ciudadana demandará el esfuerzo, la dedicación, la creatividad e inteligencia del gobierno y los chilenos, quienes deben garantizar el respeto a la participación, la opinión y la capacidad de decisión de amplios y diversos sectores del país.

Como era de esperarse, sectores conservadores como los partidos derechistas Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional y algunos empresarios consideran que es innecesaria una nueva carta fundamental y trabajan para interrumpir el nuevo proceso constituyente.

Este ejercicio ciudadano constituye una oportunidad histórica para el país sudamericano, cuyos resultados le posibilitará contar con un texto constitucional que sea un reflejo de las realidades y necesidades de su sociedad en el siglo XXI.

También es una oportunidad para que la ciudadanía participe en un proceso amplio, extendido a todo el territorio nacional y a la diversidad de representaciones de la sociedad, que nunca ha ocurrido con las anteriores constituciones en Chile.

Varias organizaciones populares abogan porque la nueva Constitución garantice los derechos sociales y políticos de la población, incluidos los pueblos originarios y establezca condiciones dignas para los trabajadores chilenos.

Para el proceso constituyente se realizarán actividades de formación ciudadana en temas cívico-constitucionales, con el fin de garantizar la participación informada de todos los chilenos, a nivel comunal, provincial y regional.

De esos diálogos surgirán las "Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución", documento que servirá para redactar un proyecto de Nueva Constitución.

Como la actual Constitución no incluye un mecanismo para reemplazarla, es indispensable modificarla para posibilitar el proceso legislativo que implica una Nueva Carta Fundamental y esa reforma la enviará el gobierno al Congreso en el segundo semestre de 2016.

Ambas cámaras votarán a favor o en contra del proyecto, el cual contiene la modificación a la Constitución actual y los mecanismos propuestos por el gobierno para la discusión de su reemplazo.

El proyecto incluye crear una Comisión Bicameral (diputados y senadores) para procesar y debatir el proyecto de Constitución que enviará la presidenta al Congreso, la cual puede estar integrada por representantes de ambas cámaras del Congreso.

Otra propuesta del gobierno es la opción intermedia para procesar y debatir el proyecto de Constitución que enviará la presidenta al Congreso, denominada "Convención Constituyente Mixta", integrada tanto por parlamentarios y representantes de la sociedad civil.

Además está la Asamblea Constituyente, otro de los mecanismos posibles para debatir el proyecto de Constitución que se enviará al Congreso.

Los parlamentarios votarán entre ésta o las dos opciones anteriores para llevar cabo el reemplazo de la Carta Magna.

En caso de que el Congreso así lo decida, o no se llegue a un consenso sobre qué mecanismo se empleará en la discusión de la nueva Carta Magna, se llevará a cabo un plebiscito para que la ciudadanía decida entre una Comisión Bicameral, una Convención Constituyente Mixta o la Asamblea Constituyente.