Declaración de Conducta de Partes en Mar Meridional de China no admite distorsión, según Diario del Pueblo

Actualizado a las 17/12/2015 - 14:51

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BEIJING, 17 dic (Xinhua) -- El Diario del Pueblo de China publicó el miércoles el tercero de una serie de comentarios sobre la farsa del arbitraje de Filipinas en el Mar Meridional de China. La que sigue es la versión traducida del texto completo:

En pleno verano de 2015, comenzó al fin la así llamada audiencia del arbitraje del Mar Meridional de China por el que Filipinas había estado clamando y que había estado elaborando en los últimos dos años. Recientemente, el tribunal arbitral pertinente acogió esta así llamada audiencia en La Haya, en los Países Bajos, en la que la parte filipina hizo comentarios irresponsables y despectivos en sus afirmaciones acerca de la Declaración de Conducta de las Partes en el Mar Meridional de China (DOC, por sus siglas en inglés) firmada por los países interesados en 2002. Tales observaciones son, de hecho, asombrosas.

Es bien conocido que a finales de los años 60 del siglo pasado, un informe de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente de las Naciones Unidas agitó el Mar Meridional de China. Para competir por intereses en recursos petrolíferos, algunos países hicieron reclamaciones territoriales sobre las islas Nansha de China y ocuparon ilegalmente algunas de las islas y arrecifes, dando lugar al asunto del Mar Meridional de China. Con el propósito de gestionar las disputas entre las partes y mantener la paz y la estabilidad en el Mar Meridional de China, China y los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, por sus siglas en inglés) comenzaron sus comunicaciones en los años 90 para explorar conjuntamente un método de resolución de la disputa adecuado para la región. Tras un largo periodo de consulta y adaptación mutua, China y los diez países de la ASEAN firmaron oficialmente la DOC en Phnom Penh, capital de Camboya, en 2002, lo que anunciaba al mundo que los países de la región tenían un documento oficial que seguir al enfrentarse a los asuntos relacionados con el Mar Meridional de China. Desde entonces, las disputas sobre el Mar Meridional de China se fueron calmando de forma gradual y la paz y la estabilidad se mantuvieron durante más de una década. La DOC se ganó la reputación de ser un "ancla de estabilidad". El artículo 4 de la DOC estipula que "las partes interesadas se comprometen a resolver sus disputas territoriales y jurisdiccionales por medios pacíficos, sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, a través de consultas y negociaciones amistosas por parte de los estados soberanos directamente implicados, de acuerdo con los principios universalmente reconocidos del derecho internacional, incluida la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas de 1982". Tras otros ocho años de esfuerzos conjuntos, China y los 10 países de la ASEAN alcanzaron un acuerdo sobre las Directrices para la Implementación de la DOC en 2011.

Sin embargo, desde que tomó posesión, el actual gobierno de Filipinas ha cambiado drásticamente la actitud constructiva del país hacia la cooperación de buena fe del pasado, ha dado marcha atrás en su compromiso bajo la DOC y ha pisoteado los esfuerzos comunes de los países implicados por salvaguardar la paz y la estabilidad en el Mar Meridional de China. Planeó meticulosamente una farsa de "arbitraje" con la instigación y el apoyo de algún país de fuera de la región, en un intento de volver a crear disputas en el Mar Meridional de China. En la audiencia, el abogado de Filipinas hizo afirmaciones infundadas sobre que la DOC nunca había creado ningún derecho u obligación y que era simplemente una conveniencia de compromiso mutuo, y que el camino de buscar soluciones a las disputas a través de la negociación amistosa elegido por las partes a través del compromiso conjunto no era vinculante y no había alcanzado ninguno de los resultados previstos. Este tipo de aseveraciones se pueden remontar al anterior documento presentado por la parte filipina por el "arbitraje". Uno no puede sino preguntarse: si un estado soberano puede deshonrar su compromiso y romper deliberadamente su promesa, si la DOC tiene de verdad tan poco sentido como afirma la parte filipina, entonces ¿en qué se apoya la reputación internacional de Filipinas, un estado soberano? ¿Y de dónde vinieron la paz y la estabilidad en el Mar Meridional de China durante más de una década?

Lo que también es asombroso es que el tribunal arbitral no pueda diferenciar lo que está bien de lo que está mal y siga el ejemplo desvalorizando la DOC, el documento firmado por los gobiernos de China y de los 10 países de la ASEAN, en su decisión sobre el asunto de jurisdicción relevante. Uno no puede sino preguntarse cómo la elección del método de resolución de disputas hecha por todos los pueblos de 11 países, es decir, casi la tercera parte de la población mundial, puede ser fácilmente anulada por una o dos palabras del tribunal arbitral. Es más, la decisión pertinente también contiene una interpretación distorsionada de las disposiciones pertinentes de la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas e interpreta arbitrariamente la disposición de dicha convención sobre la "obligación de intercambiar puntos de vista" sobre disputas. Eso es un intento de rebajar el umbral para que los estados entren en los procedimientos obligatorios y allanar el camino para nuevas farsas planeadas por algunos países. Si la interpretación del tribunal arbitral se convierte en una realidad, los países se verán constantemente inmersos en diversas acciones legales y el mundo difícilmente tendrá un día de tranquilidad. Todas las pequeñas disputas entre países conducirán inevitablemente a litigios. Tal acto de expandir arbitrariamente el poder propio nunca tendrá el consentimiento de los estados soberanos.

El Estado de derecho internacional que respalda la equidad y la justicia no puede ser distorsionado por una farsa y la DOC no se convertirá en un trozo de papel solo por unas pocas declaraciones infundadas. Todas las partes de la DOC tienen la responsabilidad y la obligación de salvaguardar su validez y autoridad, de modo que pueda continuar desempeñando su papel de "ancla de estabilidad".