Ministro chileno evita calificar denuncia por delitos tributarios contra nuera de Bachelet

Actualizado a las 06/01/2016 - 10:29

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SANTIAGO, 5 ene (Xinhua) -- El ministro chileno del Interior, Jorge Burgos, declinó hoy calificar la denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, a raíz de un polémico negocio de especulación inmobiliaria.

"No es ni buena ni mala señal, es el ejercicio de una facultad autónoma que la ley le concede al Servicio de Impuestos Internos, no hay más comentarios que eso", dijo Burgos a periodistas.

El SII presentó el lunes ante el Tribunal de Garantía una querella criminal por delitos tributarios contra la nuera de Bachelet, en una acción judicial extensiva a otras cinco personas y centrada en las actividades financieras de la empresa Caval, cuyo 50 por ciento pertenece a Compagnon y donde figura como ejecutivo su esposo, Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria.

La denuncia acusa "diversos delitos tributarios relacionados con la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, la incorporación de facturas falsas en la contabilidad, la omisión maliciosa de ingresos y la facilitación de documentación tributaria falsa por servicios no prestados".

Dávalos y Compagnon son indagados por el Ministerio Público, tras un polémico negocio de especulación inmobiliaria y en que presuntamente se cometieron los delitos de tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito.

Dávalos y su esposa gestionaron personalmente a través de su empresa Caval un millonario por unos 13 millones de dólares ante Andrónico Luksic, uno de los dueños del principal banco del país y cabeza del principal grupo económico en Chile.

Los cuestionamientos surgieron porque la micro empresa logró reunirse con el presidente de la entidad bancaria, tramitó un millonario préstamo que excede el monto de 3.000 dólares que informó el pequeño emprendimiento como activos, en una trámite aprobado días después de la elección de la jefa de Estado.

El dinero se destinó a un negocio inmobiliario que entregó a la pareja unos seis millones de dólares en utilidades y sobre el cual también pesan dudas respecto a un eventual uso de información privilegiada.

Ante el revuelo que desató el caso, Dávalos renunció a su puesto como director sociocultural de la Presidencia, una función similar a las de primera dama, en enero de 2015.

El negocio ventilado por la prensa en febrero del año pasado derrumbó la popularidad de la jefa de Estado a niveles mínimos históricos, al sumarse a los cuestionamientos de dirigentes del oficialismo de centroizquierda y la oposición de derecha por casos de corrupción.