Pruebas "ingentes" marcarán nuevo período de Tribunal Supremo venezolano en 2016

Actualizado a las 30/01/2016 - 09:59

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El nuevo período judicial 2016 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, trae consigo "ingentes" (enormes) pruebas para el orden constitucional y el Poder Judicial, afirmó este viernes la presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez.

"Cabe destacar que el año 2016, que recién inicia, trae ingentes pruebas para el orden constitucional y para el sistema judicial, por el singular momento que acontece en nuestra patria", dijo Gutiérrez durante la entrega del informe de gestión del 2015.

Enfatizó que ante esa situación, desde el TSJ se encuentran preparados para demostrar que están en "plena capacidad" para superarlas y hacer cumplir la Constitución de este país suramericano.

"Nuestro compromiso ante la nación es con este proceso de avance, y aumentar las capacidades de respuestas con las que se nos ha honrado", expresó la magistrada, al "reafirmar" que recorren "una senda orientada al mejoramiento del Poder Judicial".

Durante la actividad, el presidente venezolano Nicolás Maduro saludó el trabajo que realizó el TSJ durante el año 2015, al tiempo que resaltó que sobre los poderes establecidos está el Poder Popular, que es el "poder soberano del pueblo venezolano".

"Uno queda maravillado de todo el esfuerzo que se hace para seguir configurando las bases de justicia que manda nuestra Constitución (...) Y lo más importante, la construcción de un (sistema judicial) justo", declaró Maduro.

Ratificó que se ha constituido como un poder independiente de la "oligarquía" y de las "viejas élites políticas", con miras a transformase en una institución que ratifica un Estado de paz y democrático.

Gladys Gutiérrez encabezó el ofrecimiento del balance de gestión del 2015, apuntando que el 20 de febrero el TSJ dictaminó la sentencia número 100, en la que establecieron que Estados Unidos no tiene ninguna "intensidad, forma o atributo" para aplicar sanciones o leyes contra Venezuela.

"El informe de gestión se enmarca en los objetivos dispuestos en el Plan de la Patria 2013-2019, una práctica arraigada en el Poder Judicial con la entrada en vigencia de nuestra Constitución", apuntó.

Posteriormente, el 20 de mayo el TSJ rechazó en un comunicado las "agresiones conspirativas" contra el Estado, las cuales consistieron en diferentes acusaciones a autoridades venezolanas en función.

Entre otras medidas, el Poder Judicial rechazó las acciones que tuvieron como objetivo desconocer los derechos "irrenunciables" de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Igualmente, asistieron a encuentros interinstitucionales con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, en la que también estuvieron los jefes de la Diplomacia de Ecuador, Brasil y Colombia, para hablar temas de interés nacional e internacional.

En cuanto a las acciones internas en 2015, indicó que el órgano judicial presentó decisiones y pronunciamientos que se rigieron por la Carta Magna, ratificando así una garantía de carácter pacifista.

En ese contexto, Gutiérrez mencionó que el TSJ declaró la constitucionalidad de los decretos de Estado de Excepción en jurisdicciones de los occidentales estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas (sur), todos fronterizos con Colombia.

Informó que durante ese mismo año atendieron a 21.246 privados de libertad, mientras que procesaron un total de 21.101 sentencias.

Reportó un total de 645.000 emisiones de sentencias en el área penal ordinario; además de 22.151 en el ámbito de protección de niños y adolescentes; 205.700 en el área civil; 95.402 por violencia contra la mujer; mientras que hubo 42.492 pronunciamientos en material laboral.

También ejecutaron 1 millón 290 mil 235 fallos, equivalente a la atención de 97 casos por cada 100 solicitudes que fueron realizadas.

El pasado 23 de diciembre, la Asamblea Nacional, que todavía se encontraba dominada por una mayoría socialista, designó y juramentó a 13 magistrados principales y 21 suplentes, quienes ejercerán funciones por un período de 12 años.

Esa decisión fue considerada "inconstitucional" por la bancada opositora de derecha, al argumentar que "no se cumplió" con el proceso correspondiente para la elección de los funcionarios.

El 26 de enero, la AN nacional de mayoría opositora, que asumió el 5 de este mes, aprobó la creación de una comisión "objetiva e incorruptible" que se encargará de evaluar el proceso de selección de los magistrados.