Nuera de presidenta de Chile queda con medidas cautelares tras formalización

Actualizado a las 30/01/2016 - 09:59

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La Fiscalía sur en Chile decidió hoy dejar con firma mensual y arraigo nacional a Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, tras ser formalizada junto a otras 12 personas por un polémico negocio inmobiliario.

Además de la firma mensual y el arraigo, la defensa de Compagnon acordó con el Ministerio Público la prohibición de comunicarse con los otros imputados, con la excepción del socio de su empresa Caval.

La esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria, es acusada de la presentación de declaraciones de impuesto falsas y la incorporación en la contabilidad de la sociedad de facturas ideológicamente falsas a nombre de su empresa.

La acción judicial que es extensiva a otras 12 personas, se centra en las actividades financieras de la empresa Caval, cuyo 50 por ciento pertenece a Compagnon y donde figura como ejecutivo su esposo.

La nuera de la mandataria ha declarado el mes pasado en calidad de imputada, además por su posible participación en los delitos de violación de secreto, negociación incompatible y cohecho, informaron fuentes judiciales.

Dávalos y Compagnon se encuentran indagados por el Ministerio Público tras un polémico negocio de especulación inmobiliaria, y en que presuntamente se cometieron los delitos de tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito.

Dávalos y su esposa gestionaron personalmente, a través de su empresa Caval, un millonario crédito de unos 13 millones de dólares ante Andrónico Luksic, unos de los dueños del principal banco del país y cabeza del principal grupo económico en Chile.

Los cuestionamientos surgieron porque la micro empresa logró reunirse con el presidente de la entidad bancaria, tramitó un millonario préstamo que excede largamente los 3.000 dólares que informó el pequeño emprendimiento como activos, en una trámite aprobado días después de la elección de la jefa de Estado.

El dinero fue destinado a un negocio inmobiliario que entregó a la pareja unos 6 millones de dólares en utilidades y sobre el cual también pesan dudas respecto a un eventual uso de información privilegiada.

Ante el revuelo que desató el caso, Dávalos renunció a su puesto como director Socio Cultural de la Presidencia, una función similar a las de primera dama en enero de 2015.

El negocio revelado por la prensa en febrero del año pasado derrumbó la popularidad de la jefa de Estado a mínimos históricos, y se sumó al cuestionamiento al conjunto de dirigentes del oficialismo de centroizquierda y la oposición de derecha, por casos de corrupción.

Desde el gobierno, el ministro de Interior, Jorge Burgos, bajó el perfil a la situación de la familia de la jefa de Estado, cuya formalización ha sido seguida con expectaación por los medios.

"Yo no soy del Poder Judicial, sé que hoy hay una formalización de este juicio, no sé el número exacto, es una etapa que está establecida a procedimiento", dijo Burgos.