Timor Oriental necesita conversaciones de buena fe, no intimidaciones

Actualizado a las 09/09/2016 - 08:34

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La aún nueva nación del sureste asiático, Timor Oriental, ha llevado a Australia ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya por una disputa sobre límites marítimos.

Dili recurrió a la conciliación obligatoria de la CPA el 11 de abril después de que Canberra se negó a participar en conversaciones directas sobre la demarcación de una frontera permanente en el mar de Timor ubicado entre estos dos países vecinos.

En juego, entre otras cosas, está un yacimiento de petróleo y gas conocido como Greater Sunrise que se calcula que contiene 40.000 millones de dólares estadounidenses en recursos. El yacimiento se encuentra más cerca de Timor Oriental.

Timor Oriental quiere establecer de manera formal su frontera marítima con el gran vecino del sur a lo largo de la línea media equidistante entre las dos naciones, lo que ubicaría al yacimiento Greater Sunrise dentro de su ámbito.

Pero Australia, que durante mucho tiempo ha tenido la mirada fija en los recursos del mar de Timor, al parecer se ha adelantado a su joven y pequeño vecino en cada paso a través de medios despóticos y de golpes bajos.

De acuerdo con Xanana Gusmao, héroe de la resistencia y primer presidente de Timor Oriental, el 20 de mayo de 2002, el mismo día de la independencia de su país, Canberra forzó al recién nacido Dili a firmar el Tratado del Mar de Timor, el cual heredó en gran medida un tratado de 1989 entre Australia e Indonesia, que en ese entonces ocupaba Timor Oriental, y estableció la línea fronteriza marítima temporal mucho más al norte de la línea media.

En el 2006, las dos naciones firmaron un tratado sobre Ciertos Arreglos Marítimos en el Mar de Timor (CMATS). El tratado establece una distribución equitativa de los ingresos derivados de los depósitos de Greater Sunrise, pero también impone una moratoria de 50 años a los reclamos sobre derechos soberanos y demarcación de fronteras marítimas.

Pero la validez del CMATS fue cuestionada luego de que en el 2012 se reveló que agentes australianos, que se hicieron pasar por trabajadores asistenciales, colocaron micrófonos ocultos en la sala del gabinete, lo que permitió a Canberra obtener ventajas injustas en las negociaciones que condujeron al tratado de 2006.

Después de que Dili inicio el arbitraje de la CPA en 2013 tras las revelaciones sobre el espionaje, agentes australianos realizaron una redada en la oficina de los suburbios de Canberra de un abogado que representaba a Timor Oriental en el caso y se apoderaron de un gran número de documentos.

Dili se enteró además de que dos meses antes de su independencia, astutamente, Australia se excluyó a sí misma de la solución obligatoria de las disputas fronterizas marítimas en la Corte Internacional de Justicia y de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

En lo que respecta a la actual conciliación obligatoria de la CPA, Australia ha insistido en que la comisión que maneja el caso carece de jurisdicción sobre él y en que incluso si determina que la tiene, su informe final no será vinculante.

Este comportamiento dominante pone evidencia la farsa de la santurrona retórica de hace dos meses de Canberra cuando condenó la "intimidación" de China y ofreció sermones sobre el derecho internacional en relación con las disputas relacionadas con el Mar Meridional de China.

Incluso si Canberra es indiferente, su negativa a entablar conversaciones directas con Dili, junto con el desprecio a las normas internacionales y sus deslices en cuanto a integridad moral, es una receta para tener problemas.

La historia muestra que las negociaciones directas basadas en la buena fe son la mejor manera de solucionar las disputas fronterizas. Es momento de que Australia preste atención a las lecciones históricas.