Un total de 20 autoridades regionales y 270 alcaldes adeptos al gobierno de Venezuela firmaron hoy un documento de respaldo al proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación 2017, situación que generó tensiones entre el oficialismo y la oposición.
Los gobernantes estatales y municipales, representantes de la mayoría geográfica venezolana, rubricaron el texto que acompaña el instrumento jurídico consignado por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, el pasado viernes, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
"Nos encontramos aquí para suscribir el acatamiento de la sentencia de la Sala Constitucional (del TSJ) sobre la presentación del presupuesto nacional y el respaldo a nuestro querido presidente Nicolás Maduro", dijo el gobernador del estado Aragua (norte), Tareck El Aissami.
El proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación 2017 fue presentado ante el Poder Judicial y no ante la Asamblea Nacional (AN, Congreso unicameral), como se sugiere en la Constitución venezolana, por encontrarse la AN en condición de "desacato" a una sentencia del máximo tribunal de justicia.
El TSJ dictaminó que el presupuesto para el Ejecutivo, valorado en 8 billones 479.301 millones de bolívares (847.930 millones 100.000 dólares, según la tasa oficial de cambio más baja), fuese presentado ante la Sala Constitucional de esta máxima instancia judicial.
Esta resolución recrudeció las tensiones entre el oficialismo y la oposición, ya que el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, aseguró que esta decisión representa un "quebrantamiento" del orden constitucional.
Allup consideró que el alto presupuesto "generará mayor inflación", ya que octuplica los recursos aprobados para el ejercicio fiscal de 2016.
"El presupuesto 2017 es ocho veces superior al presupuesto 2016, el cual va a generar mayor inflación porque el gobierno va a prender la maquinita de bolívares", agregó el presidente de la AN a la televisora local Globovisión.
Además, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que cuenta con mayoría en el Congreso, sostiene que la disposición del Ejecutivo carece de "validez y legalidad" y que, ante la falta de la evaluación pertinente por parte de una comisión técnica de la AN, resultará muy dañino para el país.
Por su parte, sectores adeptos al gobierno venezolano protagonizarán mañana martes una movilización en apoyo a la decisión del TSJ sobre la presentación del presupuesto, entre tanto se espera sólo un dictamen final del Poder Judicial para su ejecución.