Las autoridades chinas emitieron una regulación que define las responsabilidades del Partido Comunista de China (PCCh) y de los órganos de Estado en el manejo de peticiones.
El Partido y los órganos de Estado de todos los niveles deben incluir las peticiones de la gente en sus agendas y mantenerse al corriente como corresponde, señala la regulación emitida por las oficinas generales del Comité Central del PCCh y del Consejo de Estado.
Esas agencias deben garantizar financiamiento y personal suficientes para manejar las cartas y visitas de petición, y trabajar para prevenir y reducir los conflictos que den lugar a peticiones, menciona la regulación.
La regulación aplica a muchas instituciones, incluyendo los órganos del PCCh, organismos administrativos, agencias legislativas y judiciales, órganos asesores políticos y organizaciones de masas.
Los funcionarios dirigentes deben asumir las responsabilidades del manejo de peticiones que entran en el ámbito de su deber, indicó.
También estipula que los funcionarios dirigentes de todos los niveles deben leer y responder el correo o las cartas en línea con peticiones, recibir de manera regular las visitas de las personas con una petición y ayudar a resolver asuntos conflictivos evidenciados en las peticiones.
Quienes trabajan en las agencias deben manejar las peticiones de manera imparcial, honesta y seria, y estar atentos a la confidencialidad, dijo.
Además, la regulación subraya la supervisión sobre el manejo de peticiones, y declara que las agencies de todos los niveles deben realizar por lo menos una inspección anual correspondiente.
La regulación también menciona las sanciones a los funcionarios que incumplan con el manejo apropiado de las peticiones.
Los funcionarios deben asumir la responsabilidad por la toma inapropiada de decisiones o por el cumplimiento negligente del deber que causen importantes incidentes a las personas que presenten peticiones o que dañen los intereses de las personas, menciona la regulación.
Los altos supervisores también deben rendir cuentas y asumir la responsabilidad conjunta en caso de que sus subordinados dañen los intereses de las personas.
Las sanciones irán desde críticas públicas hasta degradación o destitución del cargo, que se determinará según el daño causado por el mal manejo de las peticiones, indica la regulación.
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