Proceso político contra Maduro tendría mayores repercusiones políticas que jurídicas

Actualizado a las 27/10/2016 - 15:49

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El anuncio de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de abrir un proceso político similar a un juicio contra el presidente Nicolás Maduro, podría tener más repercusiones políticas que jurídicas.

Debido a que la Constitución venezolana no contempla la figura del juicio político, como en otros países de América Latina como Brasil y Paraguay, expertos en el área constitucional debatieron sobre la viabilidad de esta acción dirigida desde el Parlamento.

La AN acordó citar a comparecer a Maduro el 1 de noviembre a la sede del órgano legislativo, por su presunta "responsabilidad" en la "ruptura del orden constitucional" en el país, tras la suspensión del referendo revocatorio anunciada el 20 de octubre por la autoridad electoral.

Todo lo cual alude a las "responsabilidades políticas" del presidente, que sí están contempladas en el artículo 232 de la Carta Magna, el cual establece que el mandatario "es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo".

De acuerdo con el abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Ignacio Hernández, la AN está en plena competencia de abrir un proceso político en contra del presidente Maduro, pues de acuerdo con la legalidad nacional, puede "declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos".

Sin embargo, para el abogado constitucionalista Jesús Silva, la AN no puede enjuiciar "por sí sola" a Maduro, además de que la determinación de "responsabilidades políticas" sólo puede estar dirigida al vicepresidente o a integrantes del gabinete ministerial.

"Lo que se conoce como evaluación de la responsabilidad política, puede generar como resultado un voto de censura. Este procedimiento del Congreso es solamente aplicable al vicepresidente y a los ministros, y el presidente de la República es totalmente inmune a él", afirmó Silva en entrevista con Xinhua.

En el hipotético caso de un hecho punible cometido por el presidente Maduro, la AN tampoco podría adentrarse por sí sola en un proceso político contra el mandatario, sino que debe actuar acompañada por los poderes Judicial y Ciudadano.

En este supuesto, sólo correspondería al Parlamento levantar la inmunidad legislativa del jefe de Estado.

En un segundo paso actuaría la Fiscalía General adscrita al Poder Ciudadano, que efectuaría un antejuicio de mérito y, finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ente que tendría la última palabra para desarrollar un procedimiento contra el mandatario.

"El Poder Legislativo no tiene facultad para realizar ningún tipo de juicio político o jurídico contra el presidente", enfatizó el abogado constitucionalista Silva.

Para la abogada venezolana Dolly Llovera, esta acción que anuncia la AN tendrá "más repercusiones políticas que jurídicas", ya que no está orientada realmente a cumplir con el objetivo de un eventual juicio, sino a llamar la atención de la comunidad internacional.

Pero además, Llovera recordó que el órgano legislativo se mantiene en "desacato" tras una decisión del TSJ y, por ende, toda resolución o acto que derive de sus sesiones son considerados "viciados de nulidad".

Sin embargo, la AN, que anuncia otras acciones en el campo internacional para solicitar un pronunciamiento de respaldo para la "restitución del hilo democrático" en Venezuela, ha sostenido que evaluará el "abandono de cargo" por parte de Maduro, contemplado en la Constitución.

La oposición comenzó a acuñar un presunto abandono de poder, luego de que Maduro iniciara una gira de cinco días por países de Medio Oriente con el fin de estabilizar el mercado petrolero, pues este viaje no fue autorizado por el Congreso por su estatus de "desacato".

Esta figura se enmarca en un articulado que establece las "faltas absolutas" del presidente, sostiene el constitucionalista Silva, las cuales requieren también un pronunciamiento del máximo tribunal de justicia y de un debate en el seno del Parlamento.

El TSJ, al que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa de parcial hacia el gobierno, tiene en sus manos la posibilidad de definir la viabilidad o no de muchas de las acciones trazadas por la oposición para cumplir su cometido de un "cambio político".

El proceso para determinar responsabilidades políticas del presidente, la continuidad del referendo revocatorio, e incluso, la posibilidad de que la Asamblea Nacional salga de su condición de desacato y reanude con regularidad sus funciones, son competencias exclusivas del máximo órgano del Poder Judicial.

Esto ha llevado a que la oposición, con mayoría en la AN, denuncie una "maniobra estatal" a favor del presidente y alegue la ruptura del orden constitucional en el país, así como un "golpe de Estado" a la democracia.