LA PAZ, 9 dic (Xinhua) -- El gobierno de Bolivia dijo hoy que el permiso de operación de la aerolínea Lamia, investigada por la caída de uno de sus aviones en Colombia, que dejó 71 muertos el pasado 28 de noviembre, fue "negociado" por funcionarios aeronáuticos.
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, denunció este viernes, en entrevista con un medio local de comunicación, que funcionarios intermedios de la estatal Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) negociaron para permitir a la aerolínea Lamia obtener el certificado de operador aéreo en Bolivia.
Cinco bolivianos y 19 jugadores del equipo de fútbol Chapecoense se encuentran entre las víctimas mortales del vuelo de Lamia, a los cuales se suman personal técnico del club, periodistas, invitados y parte de la tripulación.
"Estamos ante funcionarios que usaron su cargo para hacer negocios personales; es un delito y ha dado lugar a un crimen. Esas cosas no pueden volver a repetirse", aseveró el vicepresidente boliviano.
De acuerdo con García Linera, en el otorgamiento del permiso de operación de Lamia existió "negligencia, desconocimiento de las normas y un manejo arbitrario de la capacidad decisional del Estado que debe ser castigado".
El avión CP2399, que se estrelló cerca de la ciudad colombiana de Medellín, destapó las irregularidades en la empresa Lamia.
El certificado de la matrícula fue aprobado por el director del Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, Gustavo Steven Vargas Villegas, hijo de uno de los socios de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa.
Ambos, padre e hijo, se encuentran detenidos como parte de las investigaciones que realizan las autoridades bolivianas.
El fiscal del caso, Daniel Ayala, dijo que Vargas Villegas fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública.
"Tomando en cuenta el principio de objetividad, el Ministerio Público cuenta con elementos objetivos, materiales para demostrar la probabilidad de autoría de esos tipos penales por los que se los está imputando", puntualizó.
Vargas Gamboa, quien es también gerente general de Lamia, fue encarcelado el jueves en el penal de Palmasola, en el departamento de Santa Cruz (este) acusado por la comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones graves y gravísimas y desastre en vía aérea.
Por su parte Celia Castedo, funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea de Bolivia, quien alertó de las irregularidades en el vuelo de Lamia, afirmó desde Brasil, adonde se fugó y en donde tramita un asilo, que fue presionada para "modificar" el informe sobre la aeronave siniestrada.
Añadió en una carta pública que está dispuesta a declarar por el caso ante las autoridades brasileñas.
La técnica aeronáutica, especialista en ARO-AIS (Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo y Servicio de Información Aeronáutica, por sus siglas en inglés) deslindó su responsabilidad sobre lo sucedido, y aclaró que no era su competencia autorizar el despegue de la aeronave siniestrada en Colombia.
Por su parte, Marco Antonio Rocha, socio de la empresa de vuelos chárter Lamia, salió de Bolivia el 21 de noviembre con destino a la ciudad de Asunción, Paraguay, y no hay registro de su retorno, informó la Dirección General de Migración.