El sangriento motín desatado en el primer día de 2017 en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim de Manaos, en la región amazónica brasileña, puso en evidencia la guerra sin cuartel declarada a mediados del año pasado entre facciones rivales por el control del narcotráfico en el país sudamericano.
La rebelión, que resultó en al menos 60 reclusos muertos, fue promovida por la facción Familia del Norte, un grupo criminal local, contra miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la facción más poderosa del país, oriunda de Sao Paulo.
Los presos entregaron las armas y se rindieron en la mañana de este lunes, después de 17 horas de violencia y horror.
Pero la situación está lejos de tranquilizar al gobierno de Michel Temer, que envió a Manaos al ministro de Justicia Alexandre de Moraes para discutir con el gobierno local medidas para enfrentar la crisis y aislar a los grupos rivales.
El episodio es una derivación de la ruptura ocurrida en 2016 entre el PCC y el Comando Vermelho (CV), de Río de Janeiro, aliados en la última década pero enemigos en la búsqueda por extender sus actividades ilícitas a todo el territorio de Brasil.
En junio, un líder del CV fue asesinado en una verdadera batalla en la región fronteriza con Paraguay, al suroeste, la principal puerta de entrada de drogas al país.
A partir de octubre, una serie de motines y conflictos sangrientos se multiplicaron en unidades penitenciarias de la región norte, reflejo de las disputas entre el PCC y el CV por ganar aliados en ciudades como Belém, Rio Branco, Porto Velho y Manaos.
Manaos, capital del estado de Amazonas, en el corazón de la selva, vio un crecimiento exponencial de la violencia en los últimos años, con un aumento de 134 por ciento en el índice de homicidios entre 2004 y 2014, de acuerdo al Atlas de la Violencia 2016.
En ese contexto nació la Familia del Norte, aliada del CV y rival declarada del PCC, en especial en torno a la disputa por la cocaína que ingresa desde los países vecinos y la distribución de la droga en la ciudad y su envío hacia el exterior.
La facción amazonense fue objeto de la Operación La Muralla, que llevó a sus principales líderes a la prisión en noviembre de 2015, con el objetivo de desbaratar la ruta del río Solimoes, que transporta la droga ingresada desde Perú y Bolivia.
Según las autoridades, la Familia del Norte se organizó como respuesta al ingreso del PCC a la región, y la masacre de este domingo indica que la guerra anunciada el año pasado entró en una nueva fase.
En octubre, el ministro Moraes descartó la versión de que los motines estarían vinculados a la guerra de facciones, que atribuyó a "una bravuconada" de los reclusos que promovían las rebeliones y aseguró que nada indicaba que hubiera una coordinación entre varios estados.
Todas las facciones criminales en Brasil son comandadas por sus principales líderes desde las prisiones, que son además el principal campo de reclutamiento del crimen organizado.
La lucha faccional en los presidios brasileños es alimentada además por el alto hacinamiento, reconocido por las propias autoridades, en todo el sistema penitenciario.
De acuerdo con un informe divulgado el mes pasado por el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), las cárceles públicas de Brasil albergan 70 por ciento más presos que su capacidad máxima.
En el caso del Complejo Anísio Jobim, la unidad tiene capacidad para 454 hombres, pero albergaba a más de 1.200 prisioneros en diciembre.
En una de sus últimas decisiones de 2016, el presidente Temer anunció la liberación de 1.200 millones de reales (370 mdd) para la construcción y modernización de presidios en todo el país, en un acto de reconocimiento de la gravedad de la situación.
La masacre de Manaos reveló, por otra parte, que la disputa entre grupos criminales y la crisis penitenciaria contiene otros elementos que perturban a la opinión pública, con sospechas de que agentes públicos están involucrados en la lucha faccional.
El dominio de la Familia del Norte en la prisión amazonense está ligado a un cuestionado acuerdo entre su líder José Roberto Fernandes Barbosa, alias "Perturbado" o "Messi" y el ex Secretario de Administración Penitencia de Amazonas, coronel Luisimar Bonates, según la prensa local.
Durante la rebelión iniciada este domingo, el juez convocado por los presos para negociar, Luiz de Valois Coelho, es acusado de mantener vínculos con la facción y había sido investigado en la operación La Muralla, en 2015.
Los investigadores coincidieron que la masacre fue una "limpieza general" para destruir la influencia del PCC en Manaos, pero también que la disputa entre los grandes grupos criminales de Brasil "está lejos de terminar".